El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) como partido comprometido con el desarrollo global, recuerda que es imperativo exigir el cumplimiento del quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobado en la Agenda 2030 por la gran mayoría de los países del mundo. Este objetivo busca «lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas».
La igualdad de género sigue siendo el mayor reto en materia de derechos humanos. Invertir en políticas para avanzar la igualdad de género es un imperativo desde la perspectiva de derechos humanos y la piedra angular para crear sociedades inclusivas. Los avances para las mujeres benefician a todas las personas en todo el mundo.
En este punto, las y los castellanistas recuerdan todavía el abismo que separa a buena parte de las mujeres rurales de las mujeres urbanas, que sufren menos protección frente a la violencia machista, mayores dificultades para la conciliación familiar, cuidado de dependientes, y para el acceso a estudios y determinados puestos de trabajo.
No debemos olvidar la metáfora del «techo de cristal», que ilustra la barrera invisible que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, donde su ascenso hacia puestos de liderazgo se ve obstaculizado por discriminación de género y desigualdad de oportunidades. Esta disparidad económica se manifiesta no solo en salarios más bajos para las mujeres, sino también en la falta de representación en roles de alta dirección y en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Además, esta desigualdad persiste en las labores domésticas, donde las mujeres suelen asumir una carga desproporcionada de responsabilidades, lo que limita su participación plena en el ámbito laboral y perpetúa las desigualdades de género. Lograr la igualdad económica y de género requiere no solo políticas y leyes que promuevan la equidad en el trabajo, sino también un cambio cultural que reconozca y valore el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar.
Los efectos del desempleo y la inflación suelen golpear con más fuerza a las mujeres y sus estrategias de supervivencia, especialmente a aquellas pertenecientes a poblaciones indígenas, afrodescendientes, minorías étnicas, así como a mujeres en situación de movilidad, residentes rurales o con discapacidad. La implementación de propuestas de recaudación fiscal y de incentivos con una perspectiva de género pueden ser herramientas efectivas para reducir la concentración de la riqueza, la desigualdad y promover una economía más inclusiva, lo que a su vez ayudaría a mitigar el impacto de dichos ajustes y ampliar el espacio fiscal disponible. Además, se deben tomar acciones urgentes para abordar la crisis de refugiados, especialmente protegiendo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, algo que salvo para las víctimas del doloroso conflicto de Ucrania, el Gobierno de Sánchez, con Marlaska a la cabeza, no presta ninguna atención.
Según proyecciones recientes, el 75 % de los países mantendrán políticas de recorte en el gasto público, motivados por conflictos y el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos. Estas medidas de austeridad impactan de manera adversa en las mujeres al reducir el presupuesto destinado a servicios públicos esenciales, políticas de cuidado y protección social.
