El proceso de negociación entre Unicaja para el ajuste de su plantilla en lo referente al antiguo EspañaDuero, continúa sin acuerdo entre las partes. En este caso, se trata de 800 nuevas prejubilaciones y bajas indemnizadas a las que sumar 300 traslados forzosos, a mayor parte de los mismos a Andalucía.
Los castellanistas consideran que es “Vergonzoso que una entidad que cerró el primer semestre de 2018 con más de 105 millones de euros de beneficios, un 23% más que en el ejercicio anterior, plantee despedir a más de mil empleados castellanos, el cierre de oficinas, y seguir ahondando en el daño enorme que sus políticas están haciendo a la maltrecha situación de esta comunidad autónoma”.
Así mismo, piden reciprocidad a la ciudadanía de Castilla y León y culpan al gobierno de Herrera de la situación “Si Unicaja no quiere trabajadores castellanos, que tampoco cuente con el dinero de nuestros ciudadanos, Unicaja parece que solo quiere a Castilla y León para pasar el cazo y llevarse los beneficios en empleos e inversiones a otros territorios. En total Unicaja ha destruido más de 5.000 empleos directos en Castilla y León, y cerrado más de 300 oficinas, con unas consecuencias laborales, sociales y de servicio a la ciudadanía castellana que están siendo catastróficas, especialmente en el medio rural”.
Por último, desde PCAS-TC se culpa al ejecutivo de Juan Vicente Herrera de haber causado la situación “La debacle de las cajas de Castilla y León auspiciada por el Gobierno del Partido Popular, ha desembocado en lo que temíamos la pérdida de empleo de calidad, y un abandono absoluto de nuestra comunidad por parte de entidades financiares que carecen de la más mínima sensibilidad por nuestras necesidades. Entendemos que es una operación financiera y empresarial pensada para beneficio de las partes interesadas, pero estos beneficios se han conseguido a través de imposiciones y la pérdida de derechos individuales y colectivos de los castellanoleoneses”.
