La historia se remonta al año 2007 cuando el actual alcalde puso a su nombre en la declaración de la PAC las parcelas propiedad de la junta vecinal, según Martínez, quien interpuso una denuncia ante los tribunales de Justicia. El Juzgado de instrucción número 3 de Burgos dictó un auto de apertura de juicio oral que recurrió la parte denunciada a través de un recurso de reforma, recurso que ha sido estimado por el Juzgado dictando un auto de sobreseimiento libre, dando por zanjado el asunto.
Según la legislación actual no se considera ni siquiera falta el fraude a la hacienda pública cuando las cantidades son inferiores a los 4.000 euros, como sería este caso, ya que estamos hablando de percibir unas cantidades por las parcelas en torno a los 2.200 euros. Entre los 4.000 y 50.000 euros es falta y a partir de esta última cifra es delito. Para la abogada de Martínez existe un vacío legal en esa legislación, pero en cualquier caso, entiende que «al menos estamos hablando de una falta administrativa que tendrá que ser la Junta de Castilla y León quien sancione o investigue», argumenta la letrada del ex-alcalde castellanista de Ros, motivo por el que piensan acudir a la Junta para poner en su conocimientos los hechos y que sea la Administración regional quien tome cartas en el asunto. Este no es el primer conflicto entre Martínez y Miñón que se han visto en más ocasiones en los tribunales.
