Tras la denuncia del PCAS citan como imputado al alcalde de Merindad de Río Ubierna (Burgos) por un delito de prevaricación.

Tras la denuncia del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos ha dictado un auto para tomar declaración como imputado al alcalde de la Merindad de Río Ubierna (cuyo núcleo poblacional más importante es Sotopalacios). Y lo hará porque la Fiscalía considera que Raúl Martín Bellostas indiciariamente puede ser autor de un delito de prevaricación por omisión. En concreto, las supuestas irregularidades se cometieron en el expediente para la concesión de licencia para colocar un cerramiento en una escalera de una vivienda de la calle Río Ubierna, en Sotopalacios, obra promovida por un vecino. El Ministerio Público entiende que dicha reforma fue irregular y el regidor debió iniciar un expediente de restauración de la legalidad.

El presente auto de incoación de diligencias previas que ha dictado el Juzgado 2 de Instrucción de Burgos tiene su origen en una denuncia del Partido Castellano en la que acusaba al alcalde de muchas otras irregularidades, entre ellas malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. Los denunciantes relataron multitud de irregularidades urbanísticas en la concesión de licencias y en la inacción para restaurar la legalidad urbanística, pero también en el pago de sobrecostes en obras municipales y en la contratación de personal.
En este sentido, el PCAS denunciaba el pasado año las irregularidades en la colocación como cargos de confianza de dos técnicos de la guardería infantil de Sotopalacios, de un agente de empleo y de una persona para cubrir las bajas de la ludoteca, al menos en dos casos familiares de cargos públicos del PP. Sin embargo, en este caso ni la Fiscalía ni el juzgado han apreciado indicios de delito.
 Los castellanistas también pusieron en conocimiento de los tribunales posibles irregularidades en la adjudicación de la explotación de las piscinas o en la tramitación de la licencia de la Cantera Polar. Además, la denuncia contenía una retahíla de presuntas ilegalidades en la concesión de distintas autorizaciones urbanísticas. Por ejemplo, la Fiscalía se interesó por un expediente incoado tras la denuncia del alcalde pedáneo de Villalbilla Sobresierra por la construcción en Robredo Sobresierra de una nave agrícola.
El Ministerio Público también pidió información sobre el expediente de concesión de licencia del acondicionamiento interno de una casa en la calle Carrabarriuso, de Sotopalacios, y si se había tramitado expediente con autorización municipal. La Fiscalía requirió informes sobre otro permiso para modificar la alineación en la calle Calleja de Sotopalacios. Pero por ninguno de estos asuntos ha sido imputado Martín Bellostas.
El regidor tendrá que comparecer ante el juzgado solo por el caso del cerramiento de la escalera en la calle Río Ubierna, de Sotopalacios, pues la Fiscalía ve indicios de un posible delito de prevaricación.