El Grupo Parlamentario de TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC), en las Cortes de Castilla-León, ha presentado ante la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Fuensaldaña, una Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley Reguladora de Prevención Ambiental de Castilla y León, publicado en el BOCYL nº 259 de 18 de Octubre de 2002. A juicio del Procurador castellanista Carlos Rad,
varias son las objeciones que desde TC-PNC se hacen a este proyecto de Ley, que desgraciadamente no va a servir para mejorar la calidad del Medio Ambiente en la comunidad castellana de Castilla-León, no a disminuir las agresiones contaminantes que se producen en este territorio, ni a situar a esta autonomía en la vanguardia europea o española de la sensibilidad y los procesos medioambientales. Las enmiendas del líder castellanista se centran en síntesis en los siguientes puntos:
La ley que se es una transposición a la legislación autonómica de los desarrollos legislativos realizados a nivel europeo (Directiva 96/61/CEE) y estatal (Ley 16/2002 de 1 de Julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación); es por tanto una consecuencia obligada del principio de subsidiariedad, donde existe una transferencia de competencias a esta comunidad. No se ha querido hacer una ley que vaya más allá de las disposiciones estatales y europeas aún siendo tardía la transposición realizada por el Estado Español y que la Unión Europea está realizando importantes revisiones en los límites de dicha contaminación ambiental, que ya están presentes en la legislación de varios países, teniendo la propia Comisión Europea nuevos borradores preparados.
Esta nueva ley no fija límites a los valores de emisión autorizados para las industrias, ni sobre contaminación acústica o electromagnética, que serán establecidos en posteriores desarrollos reglamentarios, donde los grupos parlamentarios no tienen participación y, lo que es más grave, no introduce un límite temporal en las disposiciones adicionales de la ley para su redacción, por lo que la efectividad de la norma es meramente una declaración de intenciones.
La nueva ley aparta a los ayuntamientos de las labores de inspección y sanción de las actividades sometidas a autorización ambiental, lo cual vulnerara el principio de autonomía municipal, y puede plantear problemas de constitucionalidad; esto es un contrasentido, en un momento en el que se está intentando un pacto local que permita una mayor autonomía y descentralización de funciones hacia los municipios, entre las que se incluyen las relacionadas con el medio ambiente. Así mismo, la ley admite el silencio positivo de la administración local para la obtención de la licencia ambiental aunque dicha actividad necesite de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual además de ser una aberración legal, vulnera el derecho a la participación pública.
Los anexos de la ley, han eliminado la necesidad de realizar Evaluación de Impacto Ambiental a proyectos como las explotaciones ganaderas cuyo número de UGMs ha sido elevado, los proyectos de regadío o instalaciones de transporte de energía o carburantes. Tampoco se han incluido la revisión o la nueva redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que impliquen la reclasificación de suelo rustico a urbano o los planes parciales de suelo urbanizable.
TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC) seguirá elaborando propuestas que garanticen la elaboración de una legislación en materia de medio ambiente, en todas las comunidades castellanas, que se sitúe a la vanguardia europea, y que garantice que las empresas ubicadas en esta tierra, siguen procesos de producción que disminuyan la producción de residuos y la emisión de contaminantes al medio. Así mismo, esta formación castellanista reclama fuertes inversiones en investigación, tecnología e innovación, orientadas a modificar los procesos productivos industriales, reduciendo el consumo de agua, energía y materias primas no renovables.
