Tierra Comunera (TC) critica la pasividad del PP y PSOE de Castilla y León en la renovación del Tribunal constitucional. (Septiembre 2008). . (18/09/2008)

Desde la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) se recuerda que faltan escasamente 10 días, el 29 de septiembre, para que cumpla el plazo dado por el Senado para que las Comunidades Autónomas presenten candidatos a magistrados para el Tribunal Constitucional. Cuatro de los doce magistrados deben ser renovados por la Cámara Alta del Estado, de entre los que propongan los Parlamentos Autonómicos (a razón de dos propuestas por comunidad autónoma).

Desgraciadamente, por la incompetencia y dejadez de las sucursales en Castilla y León del PP y el PSOE, las Cortes de Castilla y León han ignorado formalmente hasta el momento la petición del senado, y ni siquiera su junta de portavoces se ha sentado a hablar sobre este tema, con lo cual parece ya muy difícil que ante la premura de tiempo existente, la Comunidad de Castilla y León pueda llegar a participar en el proceso.

La apatía y falta de interés demostrada por los partidos centralistas representativos de Castilla y León (PP y PSOE) contrasta con el interés que la renovación del Tribunal Constitucional ha generado en la mayoría de las Comunidades Autónomas, ya que trece Parlamentos Autonómicos de los 17 existentes en España ya están tramitando sus respectivas propuestas de magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional.

Nuevamente Castilla y León vuelve a quedar descolgada de un importante evento estatal como la renovación del Tribunal Constitucional, y nuevamente, la apatía e inoperancia del PP y PSOE de Castilla y León deja en evidencia su escasa convicción para defender los intereses de esta Comunidad Autónoma Castellana.

Desde TIERRA COMUNERA (TC) se manifiesta finalmente que Castilla y León vuelve a perder una oportunidad, que permitiría que el nuevo y renovado Tribunal Constitucional, se sienten magistrados sensibles con los intereses y las necesidades de esta tierra y de este pueblo, con conocimientos de la realidad de despoblación, dispersión, envejecimiento y falta de infraestructuras que tiene esta Comunidad, y que puedan ser activos defensores de los principios constitucionales de la igualdad de derechos y de prestaciones de todos los ciudadanos del estado y de la igualdad de todas las Comunidades Autónomas, máxime en un momento en que vuelven a soplar los vientos del privilegio para los comunidades enriquecidas de la periferia, contra las necesidades de las comunidades empobrecidas del interior peninsular.