En Aranda se realizan juicios penales desde 1990 y según la concejala de Tierra Comunera, Teresa Hontoria, los casos no han bajado ya que en lo que llevamos de año se han abierto más de mil diligencias y casi 60 juicios rápidos en cada uno de los juzgados. Estos datos demostrarían que el volumen es suficiente para que sea el juez el que se desplace hasta Aranda y no como ocurre ya que todos los implicados tienen que ir hasta Burgos. De hecho, ese desplazamiento provoca que algunos testigos no quieran o no puedan ir a declarar por lo que los juicios se retrasan. Además de un problema de tiempo, los costes judiciales suben por el kilometraje y las horas que se invierten, algo que se nota claramente en la minuta de los letrados. El pleno del Ayuntamiento de Aranda del pasado mes de mayo ya alcanzó un acuerdo para que no se quitase este servicio, pero parece que ni el acuerdo de todos los grupos políticos ha evitado el cierre del servicio. Desde Tierra Comunera van a pedir explicaciones al presidente del Tribunal Superior de Justicia por esta decisión que consideran que es inaceptable ya que cuando se hablaba de abrir un servicio de juzgado de menores, la respuesta de la administración es dejar a la ciudad con tan sólo juicios de faltas.
El colectivo de abogados de Aranda de Duero está dispuesto a tomar medidas de presión para que se recuperen en la capital ribereña los juicios penales que fueron suprimidos el pasado mes de septiembre.
La supresión del servicio se produjo el pasado mes de septiembre y, aunque no se han dado explicaciones, la decisión de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se debe a que los casos penales en Aranda han disminuido. El pasado 10 de octubre se reunieron casi una treintena de abogados de la ciudad para valorar esta situación. Antes venían jueces de Burgos una vez al mes a cada uno de los tres juzgados de Aranda, pero ahora la situación es que tienen que ir a Burgos las personas implicadas en el juicio, sus abogados, testigos y, en muchos casos, agentes de Policía y Guardia Civil que pierden la mañana entera. Los abogados están dispuestos a tomar medidas de presión y se ha planteado rechazar los casos de turno de oficio (algo que se ha descartado) o realizar algún tipo de huelga.
