Los miembros del partido Tierra Comunera expresaban su apoyo a todo tipo de iniciativas encaminadas a reivindicar la celebración, de nuevo, de juicios penales en los juzgados de Aranda. La última en presentarse, a la que aludía directamente la concejal comunera en el Ayuntamiento arandino Teresa Hontoria, era la proposición no de ley planteada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por los socialistas Julián Simón de la Torre y Mª Mar Arnáiz, para solicitar al Gobierno central que traslade al Consejo General del Poder Judicial la preocupación por el acuerdo que dejó en suspenso las vistas penales en los juzgados arandinos e inste a este órgano a que esta medida quede sin efecto.
Hontoria aseguraba que la situación de que los juicios penales no se celebren en Aranda está generando una «situación insostenible», porque «ya son muchas las personas que tienen que ir a Burgos semana tras semana a los juicios penales». La concejal de TC en el Consistorio arandino recordaba que habían recabado sendos informes, tanto en la Policía Local como en el cuerpo nacional, sobre las consecuencias del traslado de estos procesos a la capital burgalesa. «Tampoco es que tengamos demasiados efectivos, que ha habido días que ha habido ocho o diez efectivos de las policías en Burgos, imaginaros eso para organizar turnos y, además, que los viajes corren a cuenta de las administraciones locales», expresaba Hontoria a modo de resumen somero del resultado de dichos informes.
La decisión de trasladar los juicios penales a Burgos se tomaba el 22 de mayo de 2006 y con ella, se ponía término a un periodo de más de 16 años durante el cual cuatro personas, juez, fiscal, secretario y agente judicial, se trasladaban un día a la semana hasta el Palacio de Justicia de Aranda para celebrar juicios penales.
