En la rueda de prensa celebrada en la tarde de ayer, han reiterado su oposición a la reducción de Diputados autonómicos y han manifestado su «sorpresa» por la invitación a reunirse con el Director General de la Función Pública en vez de con la Presidenta Cospedal.
Los representantes de Partido Castellano (PCAS), Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), EQUO, Unidad Castellana (UdCa), Unidad Regional Independiente (URI) y Por Un Mundo Más Justo (M+J) quieren manifestar una vez más su total y absoluta oposición a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobada la pasada semana en las Cortes Autonómicas con los únicos votos del PP, porque instaura en la Comunidad el «bipartidismo obligatorio», sitúa fuera de la lucha electoral a los partidos pequeños y refleja la incapacidad de Cospedal y del PP de trabajar por la democracia y la transparencia, al hacer más difícil el control del Gobierno por parte de la oposición. Además, esta reforma demuestra los vaivenes con que gobierna el PP en Castilla-La Mancha y el cálculo electoral de todas sus decisiones, pues se produce escasamente un año después de que el propio PP aprobara un cambio en la Ley Electoral para añadir más diputados a las Cortes, hasta los 53 que refleja la Ley actual.
Por ello, desde las formaciones políticas aquí representadas insistiremos en todas las estancias posibles para manifestar nuestra oposición al pucherazo electoral que prepara el PP en Castilla-La Mancha, llevando nuestras propuestas alternativas al Congreso de los Diputados y al Senado, de la mano de grupos como Equo-Compromís, Chunta Aragonesista o Coalición Canaria.
Esta propuesta alternativa al texto aprobado por el PP se basará en los puntos defendidos desde el principio por estos partidos, como son el mantenimiento del número actual de Diputados autonómicos (mínimo de 47 y máximo de 59); la creación de la Circunscripción electoral única en Castilla-La Mancha; la reforma de la Ley Electoral para establecer el sistema de listas abiertas y en cremallera; una Ley Electoral que facilite la participación real de todos los ciudadanos; mayor proporcionalidad en el reparto de escaños, eliminando el límite mínimo para entrar en el reparto de los mismos; eliminación del adelanto de subvenciones electorales a los grandes partidos; reparto equitativo del tiempo de presencia en los medios de comunicación pública entre todos los partidos políticos; obligatoriedad del sistema de elecciones primarias en los partidos para elegir candidatos; instauración de un sistema de mayor transparencia en los partidos políticos; reducción real del número de altos cargos y asesores y mayor participación ciudadana en los procesos electorales para garantizar su transparencia y la igualdad de oportunidades.
Por otro lado, los partidos aquí representados queremos denunciar el ninguneo al que hemos sido sometidos por los grandes partidos y por la Presidenta de la Junta. A pesar de habernos dirigido por escrito a la Mesa de las Cortes y a los grupos políticos con presencia en las mismas, PP y PSOE, no hemos obtenido respuesta a nuestras peticiones: ni una simple llamada, ni una convocatoria de reunión ni nada parecido. Únicamente, desde la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se nos dio comunicación de la recepción de nuestro escrito, el cual imaginamos que terminó en alguna papelera (esperamos que al menos fuera reciclado).
En cuanto a la Presidenta Cospedal, el nivel de ninguneo a que hemos sido sometidos por ella ha llegado a niveles de auténtico «choteo». Lejos de convocar a los representantes de los partidos a una reunión en la que escuchar sus argumentos y debatir, o de trasladar la misma al Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas o, incluso, al Director General de Relaciones con las Cortes, representantes de estos partidos políticos han recibido, una vez aprobada la reforma en las Cortes de Castilla-La Mancha, una convocatoria para ser recibidos por el Director General de la Función Pública, lo cual sólo se entiende bien desde la confusión administración-partido (lo que sería bastante grave) o bien desde el desprecio absoluto del Gobierno de la Junta a los partidos políticos minoritarios, pues no entendemos qué funciones tiene encomendadas esta Dirección General que se encuadren dentro de las relaciones institucionales con partidos políticos.
Por ello, queremos no sólo insistir en la pérdida de democracia que supone instaurar «el bipartidismo obligatorio» con la reforma del Estatuto aprobada, sino en el desprecio absoluto que han demostrado tanto la Presidenta de la Junta como el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha hacia los partidos pequeños que, no lo olvidemos, representan a miles de ciudadanos y cuentan en esta Comunidad de más de 100 concejales y una decena de alcaldes.
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