El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) pide a Javier Lacalle que aparte de sus cometidos como concejales, hasta la aclaración de los hechos, a los dos concejales de Hacienda implicados directamente en el «caso Villanueva», el vicealcalde y anterior Concejal de Hacienda Ángel Ibáñez, y al actual responsable de Hacienda, Salvador de Foronda. Para los castellanistas, «ambos han demostrado una importante incapacidad para gestionar cualquier área municipal, al pago de facturas por duplicado hay que sumar el despropósito del caso de la cafetería Espolón».
La dimisión del Eduardo Villanueva debe de llegar acompañada de la restitución, por parte del exconcejal de la totalidad de las cantidades que le han costado al Ayuntamiento su actuación.
Por otra parte los castellanistas siguen exigiendo que se muestren públicamente las facturas correspondientes a la mencionada tarjeta de datos desde 2010 hasta la actualidad; que se informe de cuál es el gasto en telefonía del Ayuntamiento, se aclaren los terminales móviles de posee cada Concejal y que coste supone, cada uno de ellos, para los habitantes de Burgos; que el Equipo de gobierno certifique el coste producido por la tarjeta, haciendo públicos los movimientos contables que acrediten los pagos realizados de dichas facturas y los supuestos reintegros de los que se habla desde el equipo de Lacalle y por último que se informe de que facturas se han pagado, cuales se han pagado por duplicado, y que coste supondrá para el Ayto. el pago de intereses, al ser alguna de ellas abonadas mediante el Plan Montoro.
El PCAS burgalés «lamentan el desbarajuste en el Ayuntamiento de Burgos; con pagos de facturas a telefónica con un valor astronómico, abonos realizados por duplicado, y un descontrol económico consecuencia del hábito despilfarrador del dinero público que ha caracterizado al PP en el Ayto. Burgos durante los últimos mandatos, con casos tan sangrantes como el caso Espolón.»
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), en Burgos, espera que en los próximos días comiencen las actuaciones en relación a la denuncia presentada ante los Juzgados de Burgos, por hechos presuntamente delictivos, en que relaciona las circunstancias con el presunto uso indebido de una tarjeta de telefonía móvil del Ayuntamiento de Burgos, que pueden ser constitutivos de la presunta comisión de un delito de estafa, apropiación de caudales públicos y malversación, tipificados en los correspondientes artículos del Código Penal.
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