La provincia de Burgos cuenta con más de 650 pedanías. Una tupida y arraigada red administrativa que hunde sus raíces en la Edad Media y que da poder de decisión sobre los temas más cercanos a infinidad de pequeñas localidades de nuestra provincia.
Suprimir, como parece pretender el Gobierno central, este entramado administrativo, supone según el PCAS, «dar el tiro de gracia al maltrecho mundo rural burgalés, la inmensa mayoría de los componentes políticos de las pedanías no cobran y se desviven por sacar adelante, con mucha voluntad y poco dinero, a sus pequeños pueblos».
Muchas de estas entidades locales menores poseen gran parte de los montes de utilidad pública de la provincia, terreno agrario y ganadero, cotos de caza, incluso, reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas o eólicas. Además las pedanías cuentan con un abundante patrimonio que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas, telecentros, o dispensarios médicos, lavaderos, entre otros) del que a día de hoy no existe un inventario.
Burgos es, además, una de las provincias que se vería más afectada por la disolución de las pedanías, ya que posee 652 de las 3.723 de toda España. A juicio del PCAS, «las instituciones burgalesas deben defender, en todos los foros, la pervivencia de las pedanías, no lo van a hacer políticos de Ávila o Valladolid, que sólo poseen 2 y 9 juntas vecinales respectivamente».
PCAS no sólo se opone a la desaparición de las Juntas Vecinales, si no que reclama una Ley específica, que delimite con claridad las competencias de las mismas y de los Ayuntamientos de las que dependen, algo que la Junta de Castilla y León, después de lustros, no ha conseguido todavía articular.
Las juntas vecinales son las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, trabajan con escasos recursos y están, en la mayoría de las ocasiones poco o nada endeudadas, frente a los ayuntamientos a los que pertenecen, que suelen tener importantes deudas. Para la formación castellanista, «despojar de poder a una colectividad, alejarles de la gestión de su patrimonio, por el que ha luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado juridicamente, e injusto».
Los responsables de las pedanías, cambian las bombillas de las farolas, arreglan atascos en los desagües, cortan la hierba de los jardines, arreglan los caminos, cuidan los montes etc. Si desaparecen las pedanías y los alcaldes pedáneos ¿quién acometerá estas labores? ¿lo hará alguien de forma altruista?
El PCAS afirma que la eliminación de las pedanías, «acarrearía la pérdida de eficacia y un aumento de coste económico, al desaparecer los cientos de horas de trabajo voluntario que cada año realizan los miembros de las Juntas Vecinales».
La reforma propuesta por Rajoy nace de la ignorancia sobre el mundo rural castellano y pondría «patas arriba» todo el sistema de gestión local para nada, creando, además, miles de conflictos, aumentando los costes y creando vacíos de poder que repercutirán en un peor servicio a la ciudadanía. Por último el PCAS augura, de consumarse la reforma, «provocará una desafección absoluta de la ciudadanía hacia la cosa pública, si les quitan la posibilidad de decidir sobre sus montes, sus fuentes o la organización de las fiestas patronales».
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