El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) apoya la próxima constitución de la ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ENTIDADES LOCALES MENORES (AIELM), que tendrá lugar el próximo sábado en Villarcayo (Burgos).
Los castellanistas, además de asistir a esta reunión, durante las próximas semanas, van a realizar un importante esfuerzo de comunicación a la opinión pública, ante las desalentadoras noticias que informan de la inminente desaparición de las Entidades Locales Menores, que puede venir seguida de la eliminación de otros pequeños ayuntamientos.
La provincia de Burgos cuenta con más de 650 pedanías. Una red administrativa que nace en la Edad Media y que da poder de decisión sobre los temas más cercanos a infinidad de pequeñas localidades. PCAS no sólo se opone a la desaparición de las Juntas Vecinales ó Pedanías, si no que reclama una Ley específica, que delimite con claridad las competencias de las mismas y de los Ayuntamientos de las que dependen, algo que la Junta de Castilla y León, después de lustros, no ha conseguido articular.
Suprimir, como parece pretender el Gobierno central, este ente administrativo, supone según el PCAS, «aniquilar al mundo rural burgalés, la inmensa mayoría de los políticos de las pedanías no cobran, trabajan con mucha voluntad y poco dinero».
Muchas de estas entidades locales menores poseen gran parte de los montes de utilidad pública de la provincia, terreno agrario y ganadero, cotos de caza, incluso, reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas o eólicas. Además las pedanías cuentan con un abundante patrimonio que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas, telecentros, o dispensarios médicos, lavaderos, etc.) Burgos es, además, una de las provincias que se vería más afectada por la disolución de las pedanías, ya que posee 652 de las 3.723 de toda España.
Las juntas vecinales son las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, trabajan con escasos recursos y están, en la mayoría de las ocasiones poco o nada endeudadas. Para la formación castellanista, «despojar de poder a una colectividad, alejarles de la gestión de su patrimonio, por el que han luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado jurídicamente, además de injusto».
El PCAS afirma que la eliminación de las pedanías, «acarrearía la pérdida de eficacia y un aumento de coste económico, al desaparecer los cientos de horas de trabajo voluntario que cada año realizan los miembros de las Juntas Vecinales».
La reforma propuesta por Rajoy nace de la ignorancia sobre el mundo rural castellano y pondría «patas arriba» todo el sistema de gestión local, creando miles de conflictos, aumentando los costes y creando vacíos de poder que repercutirán en un peor servicio a la ciudadanía.
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