El PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) ante la toma de posesión de los nuevos Diputados Provinciales, elegidos a dedo por sus partidos, y no por la ciudadanía, solicita un cambio de rumbo en la Institución Provincial.
La Diputación Provincial es una administración ineficiente, cara, poco útil, carente de transparencia y de objetivos. A juicio de los castellanistas burgaleses es una rémora obsoleta y decimonónica, un aparcamiento de oro para determinados políticos y un instrumento de control del territorio y de los municipios por parte de los dos grandes partidos.
Los castellanistas burgaleses reclaman una auténtica refundación de la Diputación Provincial, para que sus recursos económicos lleguen íntegramente a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, para que su funcionamiento sea transparente y democrático, y para que sea un instrumento eficaz de lucha contra la despoblación y el envejecimiento de nuestros pueblos.
«Creemos que las diputaciones son como el Senado, sólo sirven para colocar a políticos profesionales y gastar dinero público, pero ya que existen por lo menos que sean como las del País Vasco donde la ciudadanía vota directamente a sus representantes» manifestó el Secretario Provincial del PCAL Domingo Hernández Araico.
En la Corporación que mañana se constituye asistiremos a paradojas, que PCAL-Burgos considera inaceptables, como que la mayoría de los Diputados procedan de Aranda de Duero, Burgos y Miranda de Ebro ciudades en las que Diputación no tiene ninguna competencia; y que PCAL-Burgos, la tercera fuerza política en cargos públicos en nuestra provincia, no tendga ninguna representación en el salón de plenos del Paseo del Espolón. En la provincia, el PCAL cuenta con 75 concejales, 11 alcaldes titulares y 20 pedáneos. El secretario de provincial, Domingo Hernández Araico, insiste en la necesidad de modificar el sistema de elección indirecta de los diputados provinciales dado que es injusto. En esta ocasión, UPyD, con representación marginal en los pueblos de la provincia, sí cuenta con un puesto en la Diputación.
Los castellanistas burgaleses reclaman por tanto que sean concejales y alcaldes de los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes quienes se sienten en el plenario de la Diputación y que cese la instrumentación política de los dos grandes partidos en la capital burgalesa de la política provincial.
La Diputación Provincial es la institución pública más ineficiente respecto a los cometidos que tiene asignados. Así, aunque su función se ciñe a los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes, gasta aproximadamente el 65% de sus presupuestos en acciones ajenas a los pueblos y menos de la tercera parte de sus recursos llega como inversiones o subvenciones directas a los municipios de la provincia.
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