La Comisión Europea ha respondido a las preguntas que el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) presentó el pasado mes de enero ante el Parlamento, referentes a la instalación en Villar de Cañas (Cuenca) de un ATC, el llamado basurero nuclear. Las preguntas fueron registradas por el Eurodiputado de Primavera Europea Jordi Sebastià, cooperativa política de la que forma parte el PCAS.
La Comisión, y en su nombre el ex Ministro español Arias Cañete, ha respondido a estas preguntas asegurando que «La Comisión evalúa actualmente este proyecto” y que “posteriormente, remitirá un dictamen a España”. No obstante, en la respuesta se explica que hasta octubre de 2014, ENRESA no presentó notificación “a la Comisión, en virtud del artículo 41 del Tratado Euratom, sobre un almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad en Villar de Cañas”.
Para los castellanistas, opuestos desde un primer momento a la instalación en Castilla de este basurero de residuos nucleares de alta, los trámites que el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha pretenden acelerar a toda costa, incluso sin estar redactados todos los informes vinculantes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, pueden encontrarse con nuevos obstáculos, en este caso por parte de las autoridades comunitarias.
A este respecto, la respuesta de la Comisión señala que “en virtud del artículo 37 del Tratado Euratom, España tendrá que facilitar a la Comisión datos sobre su plan que permitan determinar si la ejecución de dicho proyecto puede dar lugar a una contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro. En función de los resultados de ese examen, la Comisión emitirá su dictamen”.
Por último la Comisión explica en su respuesta que “evalúa en la actualidad si esa Directiva se ha transpuesto adecuadamente. La evaluación, que consiste en asegurarse de la incorporación de las disposiciones necesarias en el marco legislativo nacional, no constituye un control reglamentario de la seguridad de las instalaciones o las actividades nucleares, que sigue siendo competencia del Consejo de Seguridad Nuclear de España.
Por último, de conformidad con la mencionada Directiva, el programa nacional de España sobre la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, así como el informe nacional sobre la aplicación de la Directiva, se remitirán a la Comisión no más tarde del 23 de agosto de 2015. Basándose en los informes de los Estados miembros, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que, entre otras cosas, se expondrán las perspectivas de futuro en cuanto a la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos”.
En resumen, desde el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), se destaca el hecho de que la Comisión y el Parlamento Europeo aun no tienen la documentación necesaria para evaluar y dictaminar sobre el ATC y sobre su ubicación, trámites que son de obligado cumplimiento en virtud del Tratado Euratom.
