Así los castellanistas pusieron en conocimiento del Procurador del Común, una serie de acciones que de manera progresiva está implantando el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento que preside Javier Lacalle, cuyos efectos más inmediatos son perseguir la libertad de expresión, la libertad ideológica, los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio, así como el derecho de reunión pacífica, de realizar concentraciones y manifestaciones en la vía pública, cuyo ejercicio no precisa autorización previa. Igualmente la Constitución Española reconoce que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a formar y manifestar la voluntad popular y son instrumento clave para la participación política. Con esta admisión a trámite la Institución comienza la investigación sobre los hechos denunciados por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS).
A los castellanistas les sorprende que mientras se ceden espacios, como el Monasterio de San Juan, de manera gratuita a empresas privadas, se esté girando a determinados partidos, sindicatos, colectivos y asociaciones que realizan actividades sociales o políticas en la calle, como el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), sea reparto de propaganda, recogida de firmas o mesas informativas, sin ningún ánimo de lucro, recibos recaudatorios (acompañados en ocasiones de vía de apremio u órdenes de embargo), bajo la consideración de estas actividades (amparadas por los Derechos Fundamentales reflejados en la Constitución Española) como similares a actividades de tipo económico como “colocación de terrazas y veladores, andamios, aparcamiento de vehículos, colocación de carpas, quioscos, atracciones, casetas para venta y barracas”.
Con estas acciones, a juicio de los castellanistas se vulnera de forma grave los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, en un claro ejercicio de actuación reaccionaria y liberticida, confundiendo la razonable gestión municipal de las empresas con ánimo de lucro que pretenden utilizar o aprovechar el dominio público local en beneficio particular, con el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, propios de una democracia plural y participativa.
Javier Lacalle, todavía no ha respondido a la petición de reunión solicitada por los castellanistas, hace ya siete semanas.
