El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reunió ayer en su sede de Aranda de Duero a su Concejo Nacional, el máximo órgano entre congresos. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) va a denunciar en Bruselas la reforma de la administración y la reordenación territorial y que están impulsando tanto el Gobierno central como la Junta de Castilla y León. La decisión la adoptó ayer el Concejo Nacional, máximo órgano entre congresos que se reúne dos veces al año, que se convocó en la capital ribereña y para el que este asunto es una de las principales preocupaciones de la formación castellanista.
El secretario de Organización, Luis Marcos, advirtió de que los planteamientos del PP son «muy desoladores» sobre todo para un territorio tan eminentemente rural y con una dispersión municipal tan grande. Disconformes con las propuestas de eliminar las entidades locales menores, «de incautar su patrimonio», de medidas que avanzan hacia la fusión obligatoria de municipios que no cumplan una serie de prerrogativas y «del vaciado de competencias de prácticamente todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para concentrar toda esa gestión en las diputaciones», los castellanistas advierten de que, dada la ineficacia de las corporaciones provinciales van a desembocar en una privatización.
«Nos tememos que lo que van a hacer es encargárselo todo a empresas privadas que gestionen los pueblos, que eso además no va a servir para mejorar una organización lejana y va a empeorar la calidad y la prestación de los servicios. No lo abaratará y encima va a suponer una privatización», alertan.
Si el anteproyecto de ley se aprueba en el próximo Consejo de Ministros, el PCAS va a plantear inmediatamente una queja a la Comisión Europea y posteriormente agotará las bazas de la petición de posicionamiento ante el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo de la UE y el tribunal de Luxemburgo. Una demanda judicial que presentarán junto a la Chunta Aragonesista y que suscribirán un centenar de municipios.
En el ámbito local el Concejo Nacional también mostró su preocupación por las infraestructuras, especialmente el ferrocarril. Luis Marcos indicó que, tras las preguntas planteadas en el Senado, ha quedado evidente que el Gobierno no tiene ninguna intención de arreglar el túnel de Somosierra con lo que la vía va a quedar inutilizada. Respecto al estudio de viabilidad para mercancías anunciado hace un año por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y que asegura que ya lo está realizando la consultora ministerial, el PCAS ha vuelto a preguntar en el Senado a través de Coalición Canaria, porque sospecha que ni se ha llegado a encargar.
«El estudio de viabilidad es una manera de dar largas porque nuestras informaciones son que no se ha encargado, y entendemos que la vía puede ser viable con unas inversiones económicas modestas, desde luego para mercancías en todo su sentido y probablemente incluso también para viajeros», señala Marcos.
(Fuente J.C.O. / Diario de Burgos)
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