El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha presentado una petición formal ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para que investigue la «Reducción de la democracia y la participación ciudadana en Castilla-La Mancha por la eliminación de Diputados autonómicos», llevado a cabo por el Partido Popular mediante la modificación del Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, lo que a juicio de los castellanistas «pone en grave riesgo la pluralidad de la cámara autonómica, consagra el bipartidismo por la vía de la imposición, limita la democracia y supone que hasta un 20% de los votantes puedan no ver nunca reflejado su voto en la más mínima presencia parlamentaria, lo cual puede suponer una discriminación y una vulneración del derecho de igualdad».
Esta medida se encuadra dentro de las acciones que se están llevando a cabo desde el PCAS ante instancias europeas en contra del «pucherazo» que supone la reducción de diputados autonómicos, y que en las últimas semanas se ha concretado en la presentación de preguntas de la formación castellanista sobre este «pucherazo» a la Comisión Europea, a través de su eurodiputado de la coalición Primavera Europa, Jordi Sebastià.
Las actuaciones del PCAS contra la reducción de Diputados y la consiguiente eliminación de la democracia y la representatividad, se iniciaron cuando el Partido Popular impulsó la reforma del Estatuto y de la Ley Electoral para reducir a la mitad el número de representantes de los ciudadanos en las Cortes autonómicas. En este tiempo, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) no sólo se ha dirigido al PP y al PSOE en las Cortes autonómicas, sino que también pidió a la Presidenta Cospedal una reunión junto a otros grupos minoritarios de la Comunidad, solicitud a la que Cospedal nunca contestó. Posteriormente, los castellanistas llevaron, junto a estos mismos grupos minoritarios, su rechazo a la reforma del Estatuto vía enmiendas al Congreso de los Diputados (a través de Joan Baldoví, Diputado de Compromís) y al Senado (a través de Narvay Quintero, Senador de Coalición Canaria).
Recientemente, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) fue el primer partido de la Comunidad en presentar una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por la posible vulneración del derecho de igualdad y la discriminación que puede suponer para miles de ciudadanos el que su voto no llegue a reflejarse nunca en las Cortes.
Por otro lado, en la petición se expone la contradicción que supone reducir el número diputados cuando dos años antes el mismo Gobierno había impulsado una reforma electoral para incrementar el número de los mismos, el hecho de que las tres últimas reformas electorales se hayan llevado a cabo con el apoyo de sólo el partido en el gobierno, la falacia que supone achacar la reducción al supuesto ahorro cuando los diputados no tiene sueldo fijo y el Gobierno de Cospedal gasta millones de euros en pagar asesores políticos (hasta 7,32 millones de euros al año frente al ahorro de 400.000 € que supone la reducción de Diputados), o el hecho de que eliminar diputados supone entorpecer la labor de control al Gobierno, máxime cuando ese mismo Gobierno ya ha eliminado otros órganos de control como el Defensor del Pueblo o la Sindicatura de Cuentas.
A esta situación se suma el hecho de que las Cortes de Castilla-La Mancha, con 2,1 millones de habitantes, tendrán el mismo número de Diputados que el Parlamento de la Rioja (323.000 habitantes), menos que los concejales con que cuenta el municipio de Barcelona (41 concejales y 1,6 millones de habitantes), o los mismos con que cuenta la ciudad de Valencia (33 concejales y 800.000 habitantes) o Sevilla (33 concejales y 700.000 habitantes). Como se pude apreciar, los ciudadanos de esta comunidad serán los peor representados de toda España y uno de los peores de Europa. Por no hablar de que los 33 diputados autonómicos deberán representar nada más y nada menos que a 79.000 Km² de territorio.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) espera que la petición sea tomada en consideración por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que los hechos sean investigados y que se tomen las medidas necesarias para su resolución, de manera que esta Comunidad tenga un sistema electoral transparente y participativo.
