El Partido CASTELLANO (PCAS) pide que se investiguen las presuntas irregularidades de las obras de la mina de Borobia, “desde nuestra formación se viene denunciando desde hace años las irregularidades en la actuación de la empresa minera y la connivencia de de la Junta de Castilla y León. La puesta en marcha de la explotación no cuenta con todos permisos”, por ello urge un compromiso urgente de investigación de los hechos y aclaración posterior por parte de las administraciones competentes.
Los castellanistas reclaman públicamente que se realicen todas aquellas actuaciones necesarias, por parte de las administraciones públicas correspondientes, para aclarar la situación en la que se encuentran las obras de explotación del yacimiento. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) recuerda que éste es un proyecto que perjudica a Castilla y a Aragón, y cuenta con acuerdos unánimes en las Cortes de Aragón reclamando su paralización y que se descarte definitivamente.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) recuerda que se han presentado sendas iniciativas en las comarcas afectadas, en las Cortes de Aragón y en el propio Congreso de los Diputados, por parte de Chesús Yuste “Diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), también miembro de la coalición PRIMAVERA EUROPEA-, para descartar definitivamente este proyecto dado que presenta un impacto ambiental que causaría daños irreversibles.
Este es el texto de la interpelación:
Desde este verano se están llevando a cabo trabajos de explotación de una mina de magnesitas en Castilla, en concreto en la localidad de Borobia (Soria, Castilla y León), junto al río Manubles, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Ebro. Esta actividad, que comporta graves impactos medioambientales y riesgos para la salud, tiene todavía pendientes diversas autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por afectar al dominio hidráulico y, en palabras del ministro aragonés de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, «flagrantes incumplimientos en materia de legislación ambiental y minera», señalando entre otras cosas que los estudios medioambientales realizados no tuvieron en cuenta a las poblaciones aragonesas «como si las afecciones medioambientales se detuvieran en los límites administrativos».
-¿Está la Comisión al corriente de esta situación?
-¿Piensa la Comisión actuar ante las autoridades españolas y de Castilla y León antes de que se puedan producir daños medioambientales irreversibles y para la salud de la población castellana y aragonesa de la zona?
Con estas preguntas se espera que la Unión Europea haga prevalecer la Ley, y obligue a la Junta de Castilla y León, a cumplir toda la normativa europea sobre medioambiente.
