El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) en Castilla-La Mancha ante la reciente constitución de las distintas Diputaciones Provinciales y la toma de posesión de los nuevos Diputados Provinciales, elegidos a dedo por sus partidos, y no por la ciudadanía, solicita un cambio de rumbo en esta Institución Provincial.
La Diputación Provincial es una administración ineficiente, cara, poco útil, carente de transparencia y de objetivos. A juicio de los castellanistas es una rémora obsoleta y decimonónica, un aparcamiento de oro para determinados políticos (como también ha demostrado serlo el Senado, véase el caso del Sr. Barreda) y un instrumento de control del territorio y de los municipios por parte de los dos grandes partidos.
Los castellanistas reclaman una auténtica refundación de las Diputaciones Provinciales, para que sus recursos económicos lleguen íntegramente a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, para que su funcionamiento sea transparente y democrático, y para que sea un instrumento eficaz de lucha contra la despoblación y el envejecimiento de nuestros pueblos.
«Creemos que las diputaciones son como el Senado, sólo sirven para colocar a políticos profesionales y gastar dinero público, pero ya que existen y mientras se reestructuran eficazmente o se suprimen -como al PCAS le gustaría situando en su lugar a las Comarcas, más cercanas a los ciudadanos- por lo menos que sean como las del País Vasco donde la ciudadanía vota directamente a sus representantes» manifestó el Secretario General y Presidente Autonómico en CLM del PCAS, Pedro Manuel Soriano.
En las Corporaciones recientemente constituidas hemos asistido a paradojas, que el PCAS considera inaceptables, como que muchos de los Diputados procedan de municipios de más de 20.000 habitantes y de las capitales de provincia (incluido algún Presidente de Diputación, el colmo del cinismo), ciudades en las que las Diputaciones no tiene ninguna competencia. El Secretario general del PCAS, Pedro Manuel Soriano, insiste en la necesidad de modificar el sistema de elección indirecta de los diputados provinciales dado que es injusto y está más cerca del compadreo político que de la verdadera democracia.
Los castellanistas reclaman por tanto que sean concejales y alcaldes de los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes quienes se sienten en el plenario de la Diputación y que cese la instrumentación política de los dos grandes partidos en la política provincial.
La Diputación Provincial es la institución pública más ineficiente respecto a los cometidos que tiene asignados. Así, aunque su función se ciñe a los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes, gasta aproximadamente el 65% de sus presupuestos en acciones ajenas a los pueblos y menos de la tercera parte de sus recursos llega como inversiones o subvenciones directas a los municipios de la provincia. Algunos ejemplos de estos casos es el futuro y carísimo Palacio de Congresos de Toledo (que ahora hemos conocido que costará un 50% más de lo presupuestado, hecho que ya denunció este partido castellanista hace más de un año), donde la Diputación Provincial ha invertido millones de euros, pese a no tener competencias en la capital y haber necesidades mucho más imperiosas en los municipios de la provincia.
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