El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha exigido explicaciones a la Presidenta Cospedal sobre el baile de cifras existente entre lo publicado en el día de hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y lo publicado en la página web de la Junta, bajo el epígrafe Transparencia y Buen Gobierno (https://castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20130717/retribuciones_pdf.pdf).
Si en la declaración de bienes publicada en el DOCM la Presidenta declara como salario correspondiente a su cargo 47.832,12 € netos (más 22.636,19€ de IRPF que ella misma incluye en esta declaración, lo que suma 70.468,31€, más los correspondientes pagos a la Seguridad Social que no aparecen citados y las dietas como Diputada autonómica que suman otros 13.371,26 €, lo que da una cifra total, a falta de la parte de SS, de 83.839,57€), en la página web de la Junta de Comunidades, donde se han publicado los salarios de todo el personal funcionario y estatutario, figuran sólo 72.470,30€, por lo que entendemos que a la Sra. Presidenta, en esta relación, se le ha «olvidado» declarar sus dietas como Diputada. Eso por no hablar de la «trampilla» que supone declarar en algunos sitios los ingresos netos en vez de los brutos, que son el salario real.
En los salarios del personal médico que figura en la relación citada y hecha pública por el Gobierno Autonómico, entendemos que se incluyen todos los ingresos procedentes de la administración autonómica (salarios, peonadas, guardias, etc.), pero sin embargo en el de la Presidenta se han «olvidado» de incluir las dietas recibidas, lo que hace que no se reflejen los ingresos reales de la Presidenta.
Una vez más, la supuesta transparencia en las declaraciones de los bienes y salarios de los altos cargos se convierten en un galimatías que hay que «desentrañar» echando mano de comparaciones, aplicando conocimientos de gestión de nóminas y, a veces, teniendo que conocer en profundidad el funcionamiento interno de la Junta para poder acercarnos, y no del todo, al salario real que recibe la Presidenta de la Junta, que al fin y al cabo proviene de los impuestos de los ciudadanos y que tenemos derecho a conocer con transparencia y claridad.
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