El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) sigue considerando como insostenible la Deuda Global que acumula el Ayuntamiento de Burgos, tanto de titularidad propia, como la correspondiente a los Consorcios del Desvío del Ferrocarril y Villalonquéjar IV, así como a los sobrecostes del Desvío del Ferrocarril, cantidades de las cuales debe responder el Ayuntamiento de Burgos. Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) el consistorio de la ciudad de Burgos es uno de los más endeudados de la geografía española, pero oculta gran parte de su deuda, externalizándola en organismos jurídicamente ajenos al Ayuntamiento burgalés, pero de cuya deuda responde en última instancia el municipio de Burgos, que totalizaría una cifra que supera los 600 millones de euros. Según las cifras que manejan los castellanistas burgaleses el Ayuntamiento de Burgos, lleva acumulada, a finales del 1º trimestre de 2013 una deuda oficial de 155 millones de euros, a la cual hay que añadir la deuda del Consorcio del Desvío del Ferrocarril estimada en 170 millones de euros, los 115 millones de deuda del Consorcio de Villalonquéjar IV, el sobrecoste del Desvío del Ferrocarril, que supone 135 millones de euros, deudas a proveedores, al Estado e inherentes al Plan Montoro, que totalizan 50 millones de euros, y los 18 millones de euros correspondientes al 30% del coste de la ampliación de la EDAR de Burgos, imputables al Ayuntamiento de Burgos.
Sin embargo, el equipo de gobierno del PP en Burgos, esconde estas cifras externalizándolas en organismos como los Consorcios del Desvío o de Villalonquéjar IV, de los cuales en última instancia responderán todos los contribuyentes burgaleses. Así, hoy, los suelos del Desvío Ferroviario, en poder del Consorcio no valen ni el 10% de las valoraciones que inicialmente se hicieron de los mismos, y las parcelas industriales del Polígono de Villalonquéjar IV carecen de demanda solvente. Y todo ello será así por un espacio de tiempo de al menos 10 años.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se ha trasladado esta situación anómala ante diversos organismos públicos responsables de auditar las cuentas de los ayuntamientos españoles. Así, los castellanistas han comunicado al Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, y al Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Palencia, la deuda externalizada del consistorio de Burgos ya que consideran que es un fraude de ley que deuda puramente municipal sea apartada de las cuentas del Ayuntamientos por procedimientos poco transparentes, que solo pretenden engañar a los ciudadanos y a las instituciones responsables de su control. A este respecto, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) recuerda que tanto el Tribunal de Cuentas como el Consejo de Cuentas de Castilla y León, tienen la instrucción de fiscalizar no solo por las cuentas públicas de las entidades locales, sino también de sus organismos autónomos, entes públicos y empresas públicas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado. Así mismo la queja de los castellanistas burgaleses ha llegado al Procurador del Común, ya que estiman que la ciudadanía de Burgos tiene derecho a conocer el estado real de las cuentas municipales y de su deuda, de la cual es su único garante, evitando maquillajes, ocultamientos o contabilidades creativas, que no evitan la cuantía de la deuda real.
Hace semanas, la formación castellanista reclamó al alcalde Lacalle, sin obtener respuesta, disolver los Consorcios del Desvío y Villalonquéjar IV, declarar lesivo el Convenio del Desvío del Ferrocarril firmado en 1988, que imputaba todos los sobrecostes superiores a los 115 millones de euros exclusivamente al Consistorio de Burgos y aplicar la tijera a los gastos corrientes prescindibles y a los gastos de personal de confianza y libre designación, como una vía rápida para intentar reducir el asfixiante endeudamiento que padece el Ayuntamiento de Burgos, que es lisa y llanamente insostenible e impagable.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera que hay que tomar el toro de la deuda por los cuernos, y actúe de forma responsable para impedir que el peso de la deuda y del pago de sus intereses colapse el funcionamiento municipal y ahogue el futuro económico del consistorio.
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