Los datos publicados en el día de hoy por el Banco de España, relativos al endeudamiento de las CCAA en el segundo trimestre de 2010, refleja que Castilla-La Mancha se encuentra, como tanto le gusta decir a los portavoces autonómicos del PSOE, “por encima de la media española” en endeudamiento. Para ser exactos, Castilla-La Mancha es la sexta comunidad más endeudada de España, con 4.829 millones, a los que habría que sumar la deuda de las empresas públicas, entes, organismos y fundaciones.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se quiere resaltar el hecho de que en el primer semestre de 2010 la deuda de Castilla-La Mancha alcanzaba la cifra de 4.155 millones, lo que significa que en sólo tres meses esta se ha incrementado en 674 millones de euros, pasando de representar el 11,9% del PIB al 13,7%, siendo la media española actualmente del 9,8% manteniendo invariable su posición en este dudoso ranking. Conviene no olvidar que, en abril de este año, un informe de la escuela de negocios EAE Business School situó el incremento de la deuda de Castilla-La Mancha en el período 2006-2009 como la tercera más alta de España, con el 164,1% de incremeto, lo que significa que esta tendencia al alza del endeudamiento no es coyuntural sino que sigue una tendencia alcista desde hace años. Y en todos estos años ha sido el PSOE quien ha gobernado esta Comunidad y Mª Luisa Araújo quien ha “gobernado” estas caóticas finanzas.
Por otro lado, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) exige al Gobierno del Sr. Barreda que, a la vista de estos datos catastróficos para esta Comunidad -la segunda más pobre de España-, detalle de manera inmediata los pasos que se han dado para disminuir el gasto de la administración, cuántas empresas públicas, fundaciones, entes u organismos autónomos se han reducido y qué ahorro ha supuesto para las arcas públicas. No podemos olvidar que el Gobierno del Sr. Barreda prometió en el mes de mayo un Plan de reducción y racionalización del sector público de Castilla-La Mancha y que, hasta el momento, sólo tenemos constancia de la creación de nuevas fundaciones participadas por la Junta (como la del Greco 2014), nuevas empresas públicas (como la de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha) y ni una sola de las prometidas “reducciones”.
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