El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha hecho pública hoy la denuncia que ha formalizado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Directora General del Agua, por incumplir la legalidad vigente que regula la actividad del trasvase Tajo-Segura. Según han explicado Pedro Manuel Soriano, Presidente Nacional de la formación política, y Antonio Fernández, Portavoz en la provincia de Toledo, la disposición transitoria segunda de la Ley de Evaluación Ambiental contempla dos vías para que se alcance el nivel de 400 hm³ que define los excedentes trasvasables. El primero de ellos, que ha explicado el Ministerio de Medio Ambiente, es transitorio y periódico de forma que el nivel va subiendo 32 hm³ anuales desde los 240 hm³ iniciales hasta alcanzar los 400 hm³ en un plazo máximo de cinco años. Lo que el Ministerio no menciona es que existe otra posibilidad recogida en el mismo precepto, y es la de que los embalses de cabecera alcancen el nivel conjunto embalsado de 900 hm³, momento en el que automáticamente entrará en vigor el límite de los 400hm³ no trasvasables.
Se da el caso de que en marzo de 2014, hace ahora un apenas un año y medio, la Confederación Hidrográfica del Tajo emitió una comunicación pública por la que certificaba que se habían alcanzado los 900 hm³ en Entrepeñas y Buendía y anunciaba que desde ese momento se fijaba en 400 hm³ el límite por debajo del cual no se podía trasvasar agua a través del canal Tajo-Segura hacia las cuencas del Júcar y el Segura. En opinión de Soriano “es llamativo que desde el Ministerio se empeñen en defender su argumento haciendo una lectura parcial de la Ley, no sabemos muy bien con qué intereses”. Los castellanistas han aprovechado para pedir la comparecencia inmediata de la Ministra en el Congreso de los Diputados y han vuelto a solicitar que se cumpla con la ley y se paralice el trasvase de agua hacia el levante español inmediatamente.
Asimismo desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) han anunciado que esta sólo es la primera de las acciones que se están planteando. Siguen trabajando en el aspecto legal para actuar también por la vía administrativa, aunque se lamentan de que esta función le debe corresponder a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quién tiene más medios y un equipo jurídico que debe velar por los intereses y derechos de la comunidad. Soriano ha advertido que no descartan ningún frente y además de seguir participando activamente en las diferentes Plataformas y colectivos ciudadanos, ya están trabajando también en poner la problemática del Tajo en la calle. “Vamos a parar el trasvase desde los despachos y la calle. Los pueblos ribereños, Toledo o Talavera no se pueden permitir un río muerto. Es el momento de recuperar lo que fue, un motor de riqueza social y económica para quienes vivían en sus orillas” ha manifestado.
