El Presidente Nacional del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), el toledano Pedro Manuel Soriano, ha presentado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo por el maltrato que suponen los planes de cuenca del Tajo y del Júcar tanto para los propios ríos como para los intereses y necesidades de los usuarios castellanos de ambas cuencas. «Es una auténtica vergüenza que siempre que se trata de temas de agua los perjudicados seamos los castellanos, y que además se nos quiera tachar continuamente de insolidarios pese a ser los únicos de este país que soportamos trasvases y pérdidas permanentes de riqueza y de recursos, tanto materiales como medioambientales. Los casos del Tajo y del Júcar son tan descarados que desde el PCAS nos hemos propuesto paralizarlos con todas las armas en nuestras manos, y este queja ante la Defensora del Pueblo es sólo otra herramienta más de las que estamos utilizando en los últimos años para lograr paralizar esta sangría, con incumplimientos flagrantes de Directas Europeas incluido», ha manifestado Soriano tras la presentación de la queja.
A continuación se incluye el texto completo de la queja presentada por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) antes la Oficina del Defensor del Pueblo:
El Consejo de Ministros del pasado 8 de enero de 2016 (en funciones), aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los Planes Hidrológicos de diferentes cuencas hidrográficas, entre ellas la demarcación española de la Cuenca del Tajo y la demarcación hidrográfica del Júcar.
Estos Planes Hidrológicos citados, vulneran tanto diversas Directivas Marco Europeas (especialmente la Directiva Marco del Agua) como algunas sentencias del Tribunal Supremo, especialmente las relativas a la demarcación del Júcar, y que una y otra vez son utilizadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para perjudicar tanto a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como a usuarios de estas cuencas y a sus regantes.
En el caso del Tajo, no sólo se «saca» de la planificación hidrológica de la cuenca el sistema del Trasvase Tajo-Segura, sino que además se vulnera la Directiva Marco del Agua al no fijar caudales ecológicos en el río ni asegurar la calidad del agua en todo el tramo medio. Además, el Plan no garantiza la prioridad de la cuenca cedente frente a las aguas trasvasadas ni garantiza el uso prioritario de las aguas del Tajo para uso de boca, pues el río «nace» hipotecado por el sistema del Trasvase, el cual ni siquiera es considerado dentro de la propia planificación hidrológica.
En cuanto al Júcar, ya en el artículo 2.3 del Plan de cuenca se dictamina la unión al Júcar de la cuenca del Turia y las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana, lo cual es un «subterfujio» para encubrir trasvases ilegales entre cuencas, contrarios a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Por otra parte, se observa que la integración de otras cuencas junto a la del Júcar para formar la Demarcación altera significativamente el peso de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana en la planificación y gestión de la cuenca, empezando por la ubicación de la sede central del Organismo de cuenca. Además de la propia representación de las comunidades autónomas, hay que considerar el peso de los usuarios de cada territorio. Al realizar esta alteración de la cuenca, se observa que:
- La superficie del Sistema de Explotación Júcar, excluyendo aguas costeras, es el 52% de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
- La superficie de Castilla-La Mancha en el Sistema de Explotación Júcar es del 70%, mientras que la de la Comunidad Valenciana es del 29%.
- En la Demarcación Hidrográfica del Júcar la Comunidad Valenciana ocupa el 49% del territorio y Castilla-La Mancha el 38%.
Todo ello nos lleva a deducir que los Planes de Cuenca del Tajo y del Júcar son perjudiciales para los habitantes de Castilla-La Mancha, suponen una vulneración de derechos y están concebidos para beneficiar a unos territorios sobre otros, violando la igualdad y la imparcialidad que debería regir en el Gobierno de España, además de incumplir alguna Directivas europeas, lo que podría acarrear sanciones que serían pagadas por todos los ciudadanos. De esta manera, además de ser perjudicados por los Planes se podría dar la circunstancia que también nos correspondiese a los habitantes de Castilla-La Mancha tener que hacer frente a las sanciones que lleguen de la Unión Europea.
