A juicio de la formación castellanista, esta acción del PP en el Ayuntamiento de Burgos no es casual, sino que se encuentra motivada en la decisión de entorpecer y frenar la creciente pujanza y vivacidad del movimiento asociativo burgalés, así como poner trabas a sus actividades cotidianas, cuando a menos de seis meses de las próximas elecciones municipales, los “asesores electorales” del PP detectan un evidente rechazo social a su gestión municipal, por lo que no han dudado en prohibir el uso de espacios públicos, que pertenecen y paga toda la sociedad burgalesa, para hostigar a un tejido social que consideran cada vez menos afín. Esta actitud deja a las claras la visión antidemocrática del PP en el Ayuntamiento, que intenta cercenar la libertad de reunión y de expresión de toda aquella entidad o colectivo que considera molesta o crítica.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) también se lamenta la complicidad de los grupos de la oposición con esta antidemocrática y liberticida decisión, “qué sólo protestan en algo si les afecta directamente, y miran para otro lado, cuando los perjudicados son otra parte de la ciudadanía”, pues pone en evidencia que prefieren mantener sus “migajas” de privilegios antes de defender derechos fundamentales de la sociedad y de todo colectivo ciudadano organizado.
La utilización de estas salas ha sido habitual por parte de diferentes asociaciones, sindicatos y partidos políticos, durante años, sin que se tenga conocimiento de ningún altercado, ni desperfecto en las instalaciones que pagan, a través de los impuestos, toda la ciudadanía, no sólo los votantes de los partidos con representación municipal.
El gasto que supone, para las arcas del Ayuntamiento, la utilización de estos salones, es nulo, los sistemas de climatización están operativos habitualmente, con o sin ocupación, los ordenanzas sólo deben abrir o cerrar las salas, sin tener que abandonar sus ocupaciones habituales, y por tanto los posibles móviles económicos de esta prohibición carecerían de fundamento.
Los castellanistas burgaleses exigen al Alcalde Lacalle que estas salas vuelvan a poder ser utilizadas, como se hacía hasta ahora, previa reserva, por cualquier entidad legalmente constituida, o por aquellos particulares que previa identificación, lo soliciten. En caso contrario no dudarán en ejercer las acciones sociales y legales que consideren oportunas para garantizar que los derechos fundamentales que establece la Constitución Española (a la que tan cerca del 6 de diciembre, tanto el PP dice afanarse en defender), como el derecho de reunión y de expresión, también puedan ejercerse en la ciudad de Burgos.
