Artículo de opinión publicado por Pedro Vicente en su blog (https://elblogdepedrovicente.blogspot.com.es/).
Si a última hora no hay aplazamiento, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de la nueva Ley de Bases de Régimen Local, que iniciará su tramitación parlamentaria sin consenso entre el PP y el PSOE. Por lo que se ha ido viendo, la citada Ley va a poner patas arriba la Administración Local, objeto de un nuevo diseño que condena a desaparecer a miles de municipios y a las entidades locales menores (especialmente numerosas en las provincias de León y Burgos), tiende a suprimir las mancomunidades de servicios y potencia las funciones de las Diputaciones provinciales.
Ello mientras la Junta de Castilla y León sigue promocionando su anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, que, aparte de ser en sí mismo un engendro tecnocrático, se da de bruces en no pocos aspectos con esa nueva Ley de Bases de rango superior y obligado cumplimiento.
Esta doble ofensiva legislativa se produce justo cuando la Administración municipal y local vive una situación más convulsa que nunca. Su endémico problema de financiación, oculto en época de bonanza bajo el «souflé» de la burbuja inmobiliaria, se ha agravado hasta extremos insostenibles. El plan de pago a proveedores ha aliviado el problema de tesorería de los ayuntamientos, pero no su déficit estructural, motivado tanto por las competencias impropias como por el despilfarro al que condujo aquel maná de plusvalías urbanísticas.
Esto en lo que respecta a los municipios de mayor población y satélites de los mismos. La situación de los pequeños municipios es desesperada. Lejos de beneficiarse del desarrollo rural sostenible que les habían prometido, los drásticos recortes aplicados en los servicios más básicos (Sanidad, Educación y transporte) están dejando abandonada a su suerte precisamente a la población que más habría que proteger. Todo ello a la par que se suprime de un plumazo, cuando más necesario era, el Plan Interior de Convergencia Interior contemplado en el Estatuto de Castilla y León.
¿Y qué opina de todo esto la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, el organismo constituido por Ayuntamientos y Diputaciones para defender a las instituciones locales en esta comunidad autónoma? Pues no parece que se le note muy compungida.
«La FRMP no está capacitada ni técnica ni desde el punto de vista legal para representar a los ayuntamientos que decidieran acudir a los tribunales para evitar el cierre de las urgencias nocturnas», decía en días pasados su presidente, Miguel Ángel García Nieto, a la sazón alcalde de Ávila. Eso sí, García Nieto ofrecía «apoyo moral» a la causa, incluso la aprobación de una moción en su apoyo, o sea un pronunciamiento meramente testimonial.
¿Qué impide a la FRMP prestar asesoramiento jurídico a esos ayuntamientos e incluso apoyo económico para emprender acciones judiciales? Pienso que nada. Y algo parecido puede decirse sobre las declaraciones de su presidente pidiendo al Consejo de Cuentas que no haga tabla rasa y no sancione a todos los ayuntamientos que incumplen su obligación de presentar sus cuentas en tiempo y forma ante ese organismo fiscalizador. ¿No sería más lógico que, en lugar de pedir esa manga ancha, pidiera a las Diputaciones o estableciera ella misma un servicio de ayuda a disposición de los municipios que por escasez de medios no pueden cumplir esa obligación?
Las funciones de este organismo siempre han sido ciertamente muy difusas. Por el contrario, la que siempre ha sido diáfana es su falta de autonomía e independencia política respecto a la Junta de Castilla y León. En esto García Nieto no tiene nada de particular respecto a sus predecesores, todos ellos ilustres miembros del Partido Popular nombrados a propuesta de su presidente autonómico, que es el mismo que el de la Junta. El actual presidente está cumpliendo el mismo papel -molestar poco o nada a la Junta, que además financia el invento- que Jesús Mañueco, Atilano Soto, Mario Amilivia y Antonio Vázquez.
Como secretario provincial del PP y vicepresidente de Caja Ávila, García Nieto fue de los que apoyó la adhesión a Bankia, pasándose por el forro la posición de la Junta en esa materia. Pero como presidente de la FRMP, su docilidad es absoluta. De vez en cuando imita al alcalde de Valladolid y hace como que se desmarca, pero a la hora de la verdad no toma una sola decisión que contraríe al colegio de la Asunción. Se ha vuelto a comprobar esta misma semana, en la que, con el pretexto de que no se habían presentado con la suficiente antelación, se ha negado a debatir las mociones presentadas por el PSOE sobre los recortes sanitarios, la supresión de servicios ferroviarios, la nueva Ley de Bases y el anteproyecto de Ordenación del Territorio.
Si alguien pensaba que, tras estrenar su flamante sede frente a las Cortes de Castilla y León, la FRMP iba reforzar su papel, andaba muy equivocado. La verdad es que, para lo que hace, le sobraba espacio con el piso que ocupaba antes en Valladolid. El edificio está en sintonía con el propio organismo: Mucha fachada para tan poco contenido. De hecho, hasta que no se ha mudado allí el CES, la mitad de los días allí no se registraba en él ninguna actividad.
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