Pablo Sevilla Rodríguez, responsable comarcal del Partido de Castilla y León (PCAL), reflexiona sobre la actuación municipal en este contencioso.
Comprobamos que el alcalde de Miranda de Ebro (Burgos) apoyó la brillante idea de colocar un crematorio, en una parcela rústica, justo al lado de viviendas y huertas. Es una barbaridad, claro, pero resulta que esa empresa funeraria importa mucho en el entorno del partido del alcalde, y de su apoyo depende que en las próximas elecciones municipales consiga buenos resultados. El expediente para la construcción se consuma y los propietarios de los chalets acuden lógicamente a los jueces y obtienen una sentencia firme que declara la ilegalidad de construir ese tipo de industrias junto a viviendas en virtud de la legislación actual sobre urbanismo e industria. Consiguiendo la paralización de la actividad.
Todo acabaría ahí, en efecto, salvo que en lugar de un alcalde normalito se trate del prepotente, Sr. Campo, que procede al intento de cambiar el PGOU de Miranda todo lo necesario para llevar a cabo la instalación declarada ilegal, en sentencia judicial; aunque la consecuencia sea la burla a la justicia y a los ciudadanos.
La grave responsabilidad de D. Fernando Campo y sus “adláteres” del equipo de gobierno municipal, no tiene parangón en la historia reciente municipal y no debería pasar inadvertida para los mirandeses. Se trata, ni más ni menos, de la prepotencia con la que el alcalde está dispuesto a cometer un fraude de ley, por más que se empeñe en avalar tal despropósito; dando la vuelta a una sentencia firme, y bajo triquiñuelas para no afrontar su responsabilidad de dotar a la ciudad de Miranda de Ebro con un crematorio público en las instalaciones que a tal efecto dispone el cementerio de Altamira en el barrio de Bardauri. Por falta de recursos no debe de ser; pues tiene para refutar su ego, un proyecto prescindible de fuente tricolor en la infame alubia, que necesita ser reformada.
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