La candidata, actual concejala en el Ayuntamiento de Borobia (Soria), ha recibido amenazas y acoso a lo largo de la legislatura por su posición a la apertura de una mina a cielo abierto en Borobia (Soria).
La candidata castellanista, por el PCAL, a las Cortes de Castilla y León por Soria, Anunciación Crespo, NO ha puesto su fotografía en el cartel electoral de la campaña electoral porque se teme por su seguridad.
El espacio reservado para su fotografía lo ocupa el siguiente texto, como se puede apreciar en las vallas publicitarias: «Ha sufrido AMENAZAS y ACOSO por su oposición a apertura de una mina a cielo abierto, en cabecera de cuenca, en BOROBIA (Soria) y no puede aparecer su foto».
Es el primer caso en la España Democrática, en que un candidato/candidata a unas elecciones NO se atreva a poner su foto en el cartel electoral por motivos de seguridad. Esto sucede con la candidata del PCAL a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Soria.
Crespo, concejala castellanista por el PCAL en el Ayuntamiento de Borobia en la actual legislatura, ha recibido amenazas, acoso, intimidaciones e insultos por su posición en contra de una mina a cielo abierto en Borobia (Soria). El pasado verano encontró la palabra MUERE escrita en la puerta de su domicilio en Borobia.
La candidata castellanista apenas ha podido hacer campaña electoral, a causa de un problema pasajero de movilidad. Sin embargo sus carteles están repartidos por la ciudad de Soria y algunos de sus municipios.
Un proyecto excluyente y aniquilador
La mina de magnesitas se pretende ubicar en cabecera de cuenca y alta montaña. La zona, colindante con el Parque Natural del Moncayo y la ZEPA «Sierra del Moncayo», está protegida por Directiva Comunitaria porque en ella se captan aguas para consumo humano.
la explotación minera afectaría a los nacimientos y a las cuencas de los ríos Manubles, Isuela, Aranda y Ribota, afluentes del río Jalón, y a los recursos agropecuarios, hídricos, paisajísticos, ambientales, turísticos, culturales e históricos de más de treinta (30) municipios tanto en Aragón como en Castilla y León.
El rechazo social e institucional (Cortes de Aragón, Diputación de Aragón o Coordinadora de Municipios Afectados) ha sido constante desde que se tuvo conocimiento de dicho proyecto minero, en el año 2000, y sobretodo desde 2005.
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