Artículo de opinión de Pedro Vicente, extraído de su blog: https://elblogdepedrovicente.blogspot.com.es/. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) no comparte necesariamente las opiniones expuestas.
Hasta hace escasamente un año estaban en el ojo del huracán cada vez que se planteaba la necesidad de reducir y racionalizar las Administraciones Públicas. El PSOE no se anduvo por las ramas y abogó lisa y llanamente por su desaparición, al considerarlas un anacronismo sin razón de ser en el Estado de las Autonomías. Lo mismo pensaba y piensa Izquierda Unida. Hasta el PP, que controla la gran mayoría de ellas en España y las nueve en Castilla y León, reconoció que había que dar un nuevo encaje a las obsoletas Diputaciones provinciales y admitió que había que «repensar» su papel. Sin cuestionar, claro está, en ningún momento su existencia, ya que al estar reconocidas en la Constitución, sucede como con el Senado, que son intocables aunque no sirvan para nada.
Mariano Rajoy, Isabel Carrasco y Juan Vicente Herrera
Con unos presupuestos muy venidos a menos y lastrados por una abultada nómina de personal y mucho gasto corriente, sin apenas capacidad de generar recursos propios después de haber dilapidado en no pocos casos las joyas de abuela de su patrimonio, y cuestionadas políticamente, las Diputaciones vagaban hasta hace poco como almas en pena, solapadas entre los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos. Nadie daba un duro por su futuro. Bueno, eso creíamos, olvidándonos de la simbiosis existente entre el PP y esas instituciones ancladas en el clientelismo político y el caciquismo rural. Y a Mariano Rajoy no hacía faltaba que se lo explicarán, ya que inició su carrera política siendo presidente de la Diputación de Pontevedra.
No es casualidad que al frente de cinco de las nueve Diputaciones de Castilla y León se sitúen los respectivos presidentes provinciales del PP. Es el caso de Isabel Carrasco (León), Fernando Martinez Maillo (Zamora), Javier Iglesias (Salamanca), César Rico (Burgos) y Francisco Vázquez (Segovia). Y otras dos, Valladolid y Soria, están presididas por los secretarios provinciales del partido, Jesús Julio Carnero y Antonio Pardo, éste último tenido como el verdadero hombre fuerte del PP soriano por encima de su presidenta, la senadora Mar Angulo.
Cristobal Montoro y Fernando Martinez Maillo
Y he aquí que, lejos de quedar en un rincón de la Historia, las Diputaciones han resurgido, cual ave Fénix, de la mano de la reforma local del gobierno central, la ley Montoro, de la que son las grandes beneficiarias frente a los ayuntamientos y a las propias comunidades autónomas. Si no tenían un papel claro, el PP ya se lo ha dado y consiste en absorber, concentrar -y por supuesto privatizar- los servicios públicos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y de paso tutelar a las entidades locales menores y a su ingente patrimonio público.
Así que es normal que sus actuales presidentes se muestren exultantes. Lo estamos viendo con motivo de la conmemoración del 200 aniversario de la constitución de las Diputaciones, efeméride que les ha venido al pelo para sacar pecho y reivindicarse. «Si no existieran, habría que inventarlas», se ha llegado a oír durante los fastos celebrados al efecto. Se disponen a gestionar una cuota de poder político con la que no podían ni soñar y encima administrada por unos responsables elegidos por elección indirecta, sin pasar directamente por las urnas. Alguno de ellos, como el presidente de la Diputación de Valladolid, J.J. Carnero, ha tenido al menos el detalle de abogar por una reforma de la ley electoral que abra paso a un sistema de elección directa, pero eso es algo que no se vislumbra por ningún lado.
Jesús Julio Carnero y su antecesor, Ramiro Ruíz Medrano
No se sabe que deparará al final el cóctel surgido de la Ley Montoro y la llamada ordenación territorial pactada en Castilla y León por el PP y el PSOE. Pero termine como termine esa doble reforma, lo que es seguro es que las Diputaciones van a salir ganando. Y con ellas se verán reforzadas las «taifas» provinciales en detrimento de cualquier política de comunidad. Se constató en su día con las cajas de ahorro y está sucediendo ahora por ejemplo con los aeropuertos.
El PP ha propiciado que cada vez pese más la provincia en detrimento de la comunidad autónoma. Y ello tanto en el ámbito de las respectivas administraciones públicas (Diputaciones y Junta) como en el plano de poder interno en la estructura territorial del partido. Que se lo pregunten a Juan Vicente Herrera, quien en el pecado de haber permitido esas «taifas» está llevando ahora no poca penitencia.
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