El informe de la CNE avala las tesis que defienden el autoconsumo como un derecho a proteger y un bien a impulsar para beneficio de los consumidores y del sistema eléctrico en general, frente a las pretensiones de las eléctricas.
Los castellanistas celebran que la Comisión Nacional de Energía (CNE) haya dado la a Greenpeace y a la mayoría del Consejo Consultivo de Electricidad en sus alegaciones contra el Real Decreto (RD) sobre autoconsumo. La propuesta del Ministerio de Industria ha quedado totalmente desautorizada, con lo que el ministro Soria no tiene otra salida que retirar su propuesta y presentar otra totalmente diferente.
El informe de la CNE avala las tesis que defienden el autoconsumo como un derecho a proteger y un bien a impulsar para beneficio de los consumidores y del sistema eléctrico en general, frente a las pretensiones de las eléctricas, que eran las que el Ministerio había plasmado en su propuesta, de restringir el autoconsumo al máximo para hacerlo inviable.
Las empresas eléctricas encabezadas por Iberdrola han identificado el autoconsumo como una amenaza para sus intereses oligopolísticos, pero en realidad el autoconsumo es una herramienta de ahorro que ayudará a los ciudadanos a hacer frente a la crisis e impulsará un nuevo desarrollo para el conjunto del país. Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) lo que «es muy grave es que el Gobierno se preste a servir solo a los intereses particulares de algunas empresas en perjuicio del interés general».
El gobierno creó un «peaje de respaldo» con el que pretendía cobrar un impuesto por la energía consumida aunque proceda de una instalación propia de generación. «Algo fuera de toda lógica pues sólo se debería pagar por la energía consumida procedente de la red», manifestaron los castellanitas. A esto se suma que el autoproductor tampoco cobraría por la energía que vierta a la red, como sí hace cualquier central térmica o nuclear.
Además, dentro de todos los sinsentidos recogidos en este RD destaca, en el apartado de sanciones, el supuesto de no inscribirse en el registro creado a tal efecto. Esto conllevaría a incurrir en una falta «muy grave», tipificada en otro anteproyecto de Ley con una sanción cuyo límite máximo podría ascender hasta los 60 millones de euros.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) insta al Gobierno a proteger los derechos de la ciudadanía y no los de las empresas energéticas -donde no es poco habitual ver a exministros, o incluso ex-presidentes, sentados en sus órganos de gestión- y a no hacer el ridículo como en el «culebrón» del cierre de la Central Nuclear de Garoña (Burgos).
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