La vaguedad a la que condena a las entidades locales la reforma de la Administración local menores, supondrá la pérdida de su patrimonio. Además, perderán su condición de administraciones públicas de ámbito local, perdiendo sus competencias. Los cambios legislativos, que atañe a estas administraciones, «realizados desde la ignorancia conllevarán multitud de conflictos que los tribunales habrán de resolver en función de un texto ambiguo, que dará lugar a diferentes interpretaciones por parte de los juzgados», manifestaron los castellanistas.
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local permite que las Juntas Vecinales pierdan la condición de administraciones de las entidades locales menores. A juicio de los castellanistas, «la nueva legislación nace de la ignorancia sobre el mundo rural, una Ley hecha desde un despacho, dando incluso la espalda a los cargos electos del PP».
La Ley obtendrá el visto bueno del Senado el próximo lunes y la ratificará el Congreso de los Diputados el día 19.
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local indica que las pedanías mantienen su personalidad jurídica, sin embargo no dice que sean administraciones públicas. Esta indefinición provocará que el patrimonio de los pueblos pase a los ayuntamientos, pues los bienes públicos sólo pueden pertenecer a administraciones públicas y no a entidades cuya personalidad jurídica no se concreta.
Desde el punto de vista jurídico la Ley presenta importantes lagunas por lo que se crearán numerosos conflictos legales en función de que los ayuntamientos entiendan o no que el patrimonio pasa a depender de éstos. La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local obligará a modificar la Ley de Régimen Local de Castilla y León e incluso puede acarrear la alteración del estatuto de autonomía.
«Privar a las pedanías de su carácter de administración local es un error histórico del Gobierno del PP, porque se pierden prerrogativas que se han mantenido durante siglos, muchas tienen más antigüedad que el propio Estado».
En conclusión, «el Gobierno de la Junta ha redactado una Ley que puede no servir para nada, al aprobarse una de rango superior, además, si esto sucediera, no tendría sentido que se cumplan las exigencias de estabilidad presupuestaria, rendición de cuentas y pago en plazo a los proveedores, aspectos que preocupaban hasta ahora a las pedanías y que quedan en segundo plano».
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