Castilla nos une

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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama ante la mesa de las Cortes de Castilla y León la constitución de una Comisión de Investigación que aclare las tramas corruptas de Bárcenas y Gürtel en esta Comunidad. (Septiembre 2013). (03/09/2013)

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), tal y como anunció hace varias semanas ha presentado formalmente ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León, la solicitud de que se constituya una Comisión de Investigación Parlamentaria que aclare todas las derivaciones en esta Comunidad Autónoma de las tramas corruptas de los Casos «Gürtel» y «Bárcenas».

Para los castellanistas, las informaciones procedentes del Sumario que investiga «el Caso Gürtel» y de los «Papeles de Bárcenas», detallan las ramificaciones de corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Castilla y León, por lo que se hace urgente que los máximos responsables del PP autonómico aclaren su participación en estas tramas, que pueden implicar entre otros, la comisión de numerosos delitos como Financiación Ilegal de Partidos Políticos, Tráfico de Influencias, Delito Fiscal o Delito Electoral. Los castellanistas entienden que la formación que preside Juan Vicente Herrera, debe asumir responsabilidades políticas, así como responder a la exigencia ciudadana que reclama que se aclare el grado de penetración de esta trama corrupta en Castilla y León; para ello, los responsables en Castilla y León del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) han presentado la solicitud ante los grupos de las Cortes, la constitución de una Comisión Parlamentaria de Investigación que analice los casos Gürtel y Bárcenas en Castilla y León.

Los castellanistas consideran además urgente, la reapertura de las investigaciones judiciales contra el expresidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández de Santiago, que presuntamente recibió comisiones de la red corrupta que lideraba Correa, cuando era Consejero de Fomento, a cambio de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obras en Castilla y León, como la variante de Olleros de Alba. E igualmente ocurre con el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, exdiputado por Segovia, y exmiembro del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jesús Merino, investigado por haber recibido más de 200.000 € por comisiones de la trama corrupta que dirigía Correa, cifras que actualmente se elevan a 8,44 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria, por el cobro de Comisiones a una docena de empresas, solo entre 2002 y 2008, en los sectores de construcción, energía y servicios, que optaban a contratos públicos en Castilla y León. Jesús Merino es además socio de la sociedad de inversión Astrolago junto a Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda.

Todos estos hechos, que están creando una gran alarma social entre la ciudadanía de Castilla y León, y ponen en evidencia un procedimiento habitual en el PP que durante veinticinco años presuntamente, recibió ilegalmente comisiones por la adjudicación de contratos y donativos de empresas, que engrosaron un gigantesco fondo de reptiles. Este dinero financió ilegalmente campañas electorales del PP, gratificó generosamente a dirigentes del PP que ya contaban con sueldos públicos y permitió la acumulación de fortunas como las de Bárcenas y Merino.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) exige a los últimos presidentes del PP en Castilla y León (Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera) que den explicaciones de la participación del PP en las tramas Gürtel y Bárcenas, si el PP en Castila y León ha mantenido una contabilidad B, si ha recibido comisiones y aportaciones ilegales de empresas, si sus responsables se han repartido sobresueldos y si ha financiado ilegalmente campañas electorales. Por ello, los castellanistas consideran que los grupos políticos representados en las Cortes deben dar luz verde a la solicitud de creación inmediata de una Comisión de Investigación de los casos Gürtel y Bárcenas en Castilla y León, que aclare la presencia de estas tramas en la Comunidad Autónoma.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) exige la regeneración del sistema político, la persecución implacable de la corrupción y un endurecimiento de los criterios de control, transparencia y funcionamiento económico de los partidos políticos, como medidas ineludibles para el rescate ciudadano de la democracia y de las instituciones públicas.

 

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