El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se felicita por el acuerdo certificado por PP y PSOE, que también contó con la adhesión de los procuradores del Grupo Mixto, para defender ante el Gobierno central una posición de comunidad y rechazando firmemente la supresión de 25 partidos judiciales en Castilla y León.
Sin embargo los castellanistas emplazaran a los representantes de los grandes partidos en el Congreso de los Diputados a que sean ellos con sus propuestas los que blinden este tipo de juzgados.
Realmente donde se puede demostrar el compromiso de los representantes políticos de PP y PSOE con nuestra tierra es en el Senado- nuestra Comunidad es la que mayor número de senadores posee- y en el Congreso -Castilla y León es la tercera con mayor representación-
A juicio de los castellanistas, «lograr el apoyo de las Cortes autonómicas se puede convertir en un mero gesto sin ninguna transcendencia si no se logra una verdadera implicación de los representantes de Castilla y León en Madrid».
La clausura de los Juzgados «rurales» de Castilla y León significaría alejar a la Justicia de la ciudadanía y crear un nuevo agravio comparativo para los habitantes de nuestra comunidad autónoma. «Suprimir estos juzgados sólo contribuye a discriminar, una vez más, a los habitantes de la infinidad de pequeños municipios que componen Castilla y León, acelerando los procesos de aislamiento, despoblación y envejecimiento que padecemos».
La propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de liquidar los partidos judiciales en las comarcas de menos de 100.000 habitantes significaría la desaparición de uno de los servicios básicos que reciben los habitantes del medio rural que, recuerdan los castellanistas, debieran de tener los mismos derechos que los habitantes de las grandes ciudades, algo que cada vez ocurre menos.
El PCAS, «no encuentra ninguna justificación para alejar la Administración de Justicia de los habitantes de esta Comunidad, ya castigada, con otras discriminaciones como el acceso a una sanidad o educación de calidad, o una red viaria prácticamente tercermundista». Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) estas medidas no generarán ahorro económico, empeorarán la calidad de la prestación de los servicios públicos judiciales e incrementarán la presión contra la supervivencia del medio rural castellano.
Con esta propuesta los castellanistas del PCAS reclaman al PP y PSOE que sean reivindicativos en la defensa de los intereses de la Comunidad de Castilla y León, en el máximo ámbito decisorio estatal, el Congreso de los Diputados, demostrando que la propuesta aprobada en las Cortes de Valladolid no es un mero brindis al sol, sino un compromiso claro en la defensa del territorio y la población rural de esta comunidad, por encima de criterios y obediencias meramente partidistas.
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