El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) en Burgos ha remitido escritos al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común denunciando la situación en que van a quedar cientos de vecinos de la provincia con la supresión y modificación de líneas.
Los castellanistas solicitan en sus escritos «que se inste a la Junta de Castilla y León a recuperar las líneas suprimidas mediante las ayudas necesarias, y a no alterar tampoco el Transporte a la Demanda, como elemento fundamental de igualdad de la ciudadanía en el acceso a servicios sanitarios, educación, etc.»
PCAS-Burgos «considera que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de movimientos de la ciudadanía mediante servicios públicos, y asequibles, de transporte».
La queja elevada por los castellanistas viene propiciada por la preocupación que ha causado en toda la provincia del recorte, cifrado en un 30%, de las ayudas que la Junta de Castilla y León destina al transporte rural, con un importante recorte de rutas y frecuencias.
Esta reducción es considerada por el PCAS un nuevo agravio para los habitantes del medio rural. La Junta de Castilla y León habla de medidas de apoyo al mundo rural, «sin embargo en la práctica sólo colabora al aislamiento de nuestros pueblos».
Varias líneas ya se han visto suprimidas o modificadas a la baja sus frecuencias, y a lo largo de las próximas semanas otras muchas pueden correr la misma -mala- suerte, incluso el sistema de Transporte a la Demanda se verá afectado por los recortes.
Para el medio rural de la provincia de Burgos el transporte en autobús no es un medio obsoleto. Una provincia con 371 municipios y con más de 1000 núcleos poblados, que acarrea una población muy dispersa y, además, muy envejecida, Los autobuses son utilizados con regularidad por infinidad de vecinos de las diferentes comarcas, tanto para acudir al médico, ir a trabajar, estudiar, realizar gestiones administrativas o visitar con fines lúdicos o comerciales otras localidades. De igual manera la supresión de líneas afectará al desarrollo tanto social como económico de los núcleos, desde los comercios de estas localidades; hasta la reducción del número de turistas y visitantes.
El PCAS acusa a la Junta de Castilla y León de no tener en cuenta, con este recorte, las necesidades básicas de los habitantes del medio rural, ya de por si discriminados en el acceso a la atención sanitaria o a la educación.
Con estas medidas la Junta de Castilla y León no demuestra ninguna sensibilidad con nuestros pueblos, ni para que no siga creciendo la despoblación, ni para evitar el aislamiento de sus vecinos. Ya que en ocasiones se cuenta con vías de comunicación propias de los años 60, el poder acceder a un transporte con buenas frecuencias es fundamental para evitar el éxodo de la vecindad por un lado y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos núcleos rurales de población, por otro.
El propio Antonio Silván Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León afirmó en 2010, «la configuración territorial y poblacional de Castilla y León condiciona sin duda la prestación del transporte público en la Comunidad. Nuestro extenso territorio, la baja densidad de población, y una amplia dispersión geográfica, exigen una amplia oferta de transporte público. Todo ello determina una baja rentabilidad y una deficitaria explotación obligando a la Administración Autonómica a tomar medidas que garanticen el mantenimiento y la calidad de los servicios. Los ciudadanos de las zonas rurales no pueden tener la consideración de ciudadanos de segunda. Es prioritario facilitar el acceso a sus lugares de residencia, trabajo, asistencia sanitaria, interés social, prestación de servicios administrativos y debemos hacerlo en condiciones adecuadas». PCAS exige que la Junta cumpla esos postulados.
Para los castellanistas «el transporte convencional no sólo es necesario para los habitantes de los pequeños núcleos, si no que además es un medio de transporte sostenible, que garantiza la accesibilidad a los servicios públicos, satisface las necesidades de movilidad de la población en el ámbito rural».
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