El PCAL recuerda que:
1º.Que la Diputación Provincial no trabaja de forma eficaz para solucionar los problemas de los segovianos más necesitados.
2º.Que su funcionamiento actual dista mucho de ser transparente y democrático.
3º.Que se ha alejado de las razones que llevaron a la creación de las diputaciones en el siglo XIX que era crear un equilibrio entre la población rural y urbana de las provincias recién creadas.
4º.Que lejos de servir a las comunidades y ayuntamientos de las poblaciones de menos de 20.0000 habitantes (su razón de ser) se ha convertido en una institución que sólo sirve para detentar un poder económico que no distribuye ni con equidad (los partidos que detentan el poder favorecen descaradamente a los municipios de su propio color político) ni con solidaridad sus ingresos y que ni mucho menos atiende a ningún principio de solidaridad.
5º.Que la dedicación de los fondos públicos que administra a mantener instituciones artificiales y sin arraigo ni trayectoria sólida, como la Fundación de Don Juan de Borbón, es un insulto a los contribuyentes que sufren necesidades de verdadera urgencia.
6º.Que una gran parte de los segovianos considera escandaloso que haya un número tan alto de políticos con sueldo en la Diputación de Segovia.
7º.Que es una institución obsoleta desde la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
8º.Que sus funciones podrían realizarlas de forma más eficaz, democrática y descentralizada Consejos Comarcales, como el que ya existe en El Bierzo, y está siendo demandado en la Ribera de Duero (Burgos).
Por todo ello el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) considera que la Diputación de Segovia y todas las diputaciones de Castilla y León deberían comenzar a contemplar su desaparición en breve tras un traspaso de ingresos, funciones y servicios a unos Ayuntamientos financiados de forma clara y generosa por el Estado Central -que debe dar de una vez a los municipios la capital importancia que tienen en la vida de los ciudadanos-, a los Consejos Comarcales que la lógica democrática y el particular poblamiento de Castilla y León están pidiendo a gritos para garantizar una gestión democrática e igualitaria de los recursos y, en última instancia, a la Junta de Castilla y León.
