El Ayuntamiento de Burgos, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de Diciembre de 2006, recurrido por TIERRA COMUNERA (TC), establecía con la empresa Aparcamientos y Finanzas SA que gestiona el aparcamiento de la Pza. Mayor y Pza. Santo Domingo, el pago aproximado de 3.000 mensuales, durante cuatro años para el uso indistinto de plazas en el citado aparcamiento por parte de los concejales del consistorio burgalés.
Este acuerdo, que supondrá en sus cuatro años de vigencia un coste de 24 millones de pesetas (144.000 ), injustificable e innecesario, para las arcas municipales, máxime cuando el propio Ayuntamiento dispone cerca del Ayuntamiento de un aparcamiento subterráneo (General Santocildes), que tradicionalmente ha sido empleado por los ediles burgaleses para aparcar sus vehículos cuando necesitaban estar presentes en el edificio principal del Ayuntamiento, sin coste alguno para las cuentas municipales. Desde el equipo de gobierno municipal se ha esgrimido la reciente peatonalización de la c/ General Santocildes, como excusa para el cambio, algo que en mi opinión no es de recibo, ya que esta actuación no impide en absoluto el uso del citado aparcamiento municipal; se trata de una peatonalización permeable a residentes y comerciantes, y la circulación de vehículos de los entregados ediles burgaleses no suele superar la decena diaria, siendo además prácticamente inexistente en festivos y fines de semana.
Da más bien la impresión, de que este acuerdo supone una manifestación más de la egolatría y afán de privilegio de la práctica totalidad de los concejales burgaleses. Esta decisión está por encima de la racionalidad en la gestión, y de la necesidad de austeridad en el gasto público, muy especialmente en el innecesario. Sorprende especialmente el acuerdo que los tres grupos mayoritarios municipales (PP, PSOE y SI) han alcanzado en este caso, ya que se manifiesta claramente que los intereses personales y corporativos están tanto para Aparicio, como para Olivares y Peña, por delante de sus constantes reclamaciones para atajar el desbocado gasto corriente del Ayuntamiento.
Mientras las inversiones municipales llevan cinco años prácticamente congeladas, los gastos corrientes y el apartado de subvenciones (transferencias corrientes) del Ayuntamiento se han doblado, pasando de 48 millones de euros, a más de 90. Para los castellanistas, un ayuntamiento inversor debe ser austero en el gasto corriente, y eficiente en sus actuaciones; no lo entiende así Aparicio, que permite desvíos al alza superiores al millón de euros en intervenciones como el túnel de Islas Baleares o la peatonalización del Puente Santa María, que se gasta más de seis millones de euros en la discutible intervención de las riberas del Río Vena en Reyes Católicos o que ha gastado casi 12 millones de euros en una planta de biometanización que no es capaz de hacer funcionar.
Luis Marcos.
Secretario General de TIERRA COMUNERA (TC).
