Tierra Comunera, denuncia la posible irregularidad en la gestión y concesión de ayudas domiciliarias, por parte de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Ávila.
Tierra Comunera, denuncia la posible irregularidad en la gestión y concesión de ayudas domiciliarias, por parte de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Ávila.
Tierra Comunera está recogiendo quejas de distintos vecinos y Ayuntamientos, que tienen como centro la ayuda domiciliaria. Según estas quejas, muchas de estas ayudas se están concediendo a personas que realmente no lo necesitan, al convivir con familiares o tener mas ingresos que los declarados. Existen indicios de que informes presentados negativamente por parte de los Trabajadores Sociales de los CEAS, han sido aprobados por la Comisión de la Diputación Provincial, al no tener en cuenta las investigaciones realizadas por estos in situ ni los informes de los Ayuntamientos, Párrocos y otras instituciones sociales como Cruz Roja.
El estado de la población de 3ª edad en el ámbito rural es bastante deplorable, careciendo en la mayoría de los pueblos de medios de transporte públicos, de asistencia sanitaria en los mismos y de centros de día o especializados para atender su situación. Esta se pretende suplir con la asistencia domiciliaria, que se concede por unas horas al día, y en muchos casos teniendo que costear parte el propio interesado. La cantidad de población en estas condiciones, reclama una atención mas adecuada y acorde a sus necesidades. La asistencia domiciliaria, es un parche que a duras penas solventa la situación, ya que además de ser escaso tiene, como los indicios parecen demostrar, bastantes irregularidades en su gestión y concesión, (personas jubiladas que reciben la ayuda y siguen trabajando, familiares que conviven con los beneficiarios pero que se encuentran empadronados en otras poblaciones, ingresos percibidos por los beneficiarios y no declarados, etc.).
Por lo tanto Tierra Comunera solicita a la Junta y a la Diputación Provincial de Ávila, que tomen las medidas oportunas y se sirvan investigar estos hechos. Una gestión irregular puede perjudicar a todos los ciudadanos y hacer perder la confianza en unas instituciones que son las encargadas de velar por nuestros intereses.
