La Agrupación Provincial en Burgos de la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) quiere denunciar ante la opinión pública burgalesa el acuerdo alcanzado entre los grupos del Partido Popular, Partido Socialista y Solución Independiente en la Diputación Provincial de Burgos, para repartirse diversas contrataciones de personal eventual de confianza, designado a dedo, en la Corporación Provincial, y que supondrán un coste anual añadido cercano a los 60.000 anuales.
El partido comunero critica así el acuerdo adoptado por unanimidad, en el seno de la Comisión de Personal de la Diputación Provincial de Burgos, por medio del cual, los tres partidos representados en esta institución, acuerdan la creación de tres plazas de administrativo, para personal eventual de confianza, adscritos a sus respectivos grupos políticos, con una retribución bruta mensual individual de 1.538,36 (el 50% en el caso de Solución Independiente).
Los castellanistas estiman que este tipo de acuerdos rompen todos los criterios de contención del gasto público en las administraciones públicas y de restricción en el crecimiento del gasto de personal. Del mismo modo resulta sorprendente, que formaciones políticas con criterios tan teóricamente encontrados, no encuentren dificultades para llegar a acuerdos cuando se trata de temas que les benefician de forma partidista.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) se recuerda que al comienzo del actual mandato en el Ayuntamiento de Burgos, en 2003, PP y PSOE llegaron rápidamente al acuerdo de elevar el número de su personal de confianza en esta institución de dos personas contratadas a cuatro, sin ninguna razón técnica que lo avalara, y con el exclusivo fin de aumentar las contrataciones de personas afines. Acuerdo que rápidamente ha sido trasladado también al ámbito de la Diputación Provincial.
Especialmente llama la atención la actitud de Solución Independiente en este tema, pues en los años que José María Peña fue alcalde Burgos, siempre negó a los grupos políticos de la oposición el uso de espacios municipales para su trabajo político y la contratación de personal de confianza, con la excusa de no despilfarrar los recursos públicos. Ahora que Peña está en oposición, no solo acepta utilizar para sus equipos políticos espacios públicos, despachos y medios económicos en ayuntamiento y Diputación, así como dos personas contratadas a su servicio con el dinero de los burgaleses, sino que pacta sin problemas con PP y PSOE el incremento de estos gastos.
Finalmente, desde TIERRA COMUNERA (TC) se llama a la racionalidad a los grupos políticos involucrados, a fin de que los incrementos en los gastos y en el personal de las administraciones públicas, se deban a las necesidades de prestar un buen servicio público a los ciudadanos, y no solo para aumentar su nómina de clientes partidistas, haciendo compatible el necesario apoyo técnico a los grupos institucionales, con la austeridad en el gasto de los recursos públicos. Así los comuneros recuerdan que en el mandato 1999/2003 entre Ayuntamiento y Diputación de Burgos, eran cinco las personas de confianza contratadas al servicio de los grupos políticos, mientras que la actualidad son ya nueve los cargos de confianza al servicio de los partidos en estas dos administraciones.
