El Secretario General de TIERRA COMUNERA PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC), Luis Marcos, ha dirigido en fecha de hoy lunes 24 de Mayo, sendas cartas, a los presidentes de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Castilla y León, Pascual Maragall y Juan Vicente Herrera, respectivamente, con el objeto de que se inicien los trámites para el regreso a la Comunidad Castellana de diversas piezas artísticas, elementos de incalculable valor patrimonial, histórico y artístico, que se encuentran depositadas en varios Museos de Cataluña.
En concreto, el máximo responsable castellanista ha reclamado la vuelta a Castilla y León, de las pinturas murales de San Pedro de Arlanza y el Conjunto funerario de San Andrés de Mahamud, que se encuentran en el Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona, la Colección Chicote de piezas románicas, depositada en el Museo Episcopal de Vic (Gerona), así como diversas piezas artísticas depositadas en el Museo Federico Marés de Barcelona, como la ventana del campanario de la Iglesia de Tubilla del Agua (Burgos), el relieve de la Virgen de la Misericordia, diversas tallas de vírgenes, capiteles, y pantocrátores originarios de Castilla y datados entre los siglos XII y XVI, o el tabernáculo de santa Clara, de Calabazanos (Palencia), o el grupo escultórico de La Piedad de Torrelobatón (Valladolid). Del mismo modo, este dirigente comunero ha solicitado la elaboración de un inventario exhaustivo de las piezas de arte, de origen castellano, depositadas en colecciones privadas y públicas de la Comunidad Catalana.
Desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC), se analiza que la reclamación de parte de los fondos documentales del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, expresada por la Generalitat Catalana, y la reciente declaración del Congreso de los Diputados, que establecerá una negociación que excluye a Castilla y León- entre el gobierno catalán y el central, sobre el destino de estos fondos, y que está en la raíz de la petición de los castellanistas, supone una nueva y añadida agresión a la Comunidad de Castilla y León, pretendiendo disgregar y fragmentar los contenidos documentales de un Archivo Público, actualmente con sede en la castellana ciudad de Salamanca, y generando un notable malestar entre la ciudadanía de esta Comunidad, acostumbrada a los agravios y expolios. Así, la reapertura del conflicto de los Papeles del Archivo de Salamanca, responde exclusivamente a criterios políticos y no técnicos, olvidando los pronunciamientos contrarios al expolio de dicho Archivo, expresados tanto por las Cortes de Castilla y León, como por parte de las comisiones de expertos en la materia consultados, tanto españoles como internacionales.
Según expresa el secretario general castellanista en las cartas dirigidas a Herrera y Maragall, la pretensión de trasladar fondos documentales del Archivo de Salamanca a Cataluña, es bochornosa en sus contenidos, y supone una bofetada a la dignidad de todos los ciudadanos de Castilla y León, afirmando que de materializarse este nuevo expolio, se abriría la veda para la liquidación de la mayor parte de los Archivos y Museos existentes en el territorio español, como el Archivo de Indias, el Archivo de Simancas, el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional o el Museo del Prado, entre otros, obligando a que sus fondos se restituyesen a las comunidades o localidades de donde son originarios.
Desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC) se recuerda que, la Comunidad de Castilla y León, según los datos manejados por los expertos, alberga aproximadamente el 50% del Conjunto de Patrimonio del Estado que cuenta con declaración de Bien de Interés Cultural, siendo además el territorio del cual han salido más piezas de arte, normalmente en condiciones de muy dudosa legalidad, cuando no abiertamente fruto del robo y del expolio, y que la restitución de estos bienes, a su tierra originaria, constituye un elemento esencial en la recuperación de la Memoria Histórica de Castilla, así como una deuda pendiente para con el pueblo castellano. Finalmente, el máximo líder comunero critica a Juan Vicente Herrera y a su ejecutivo, por las escasas medidas que adopta para la protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural de Castilla y León, y la inexistencia de actuaciones prácticas para la recuperación de las piezas artísticas y culturales castellanas depositadas en Museos y Colecciones de América, Europa y otras Comunidades Españolas.
