La Agrupación Provincial en Burgos de TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO, quiere manifestar ante la opinión pública burgalesa su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional hecha pública el viernes 3 de Mayo- por medio de la cual se declara la inconstitucionalidad, y por tanto la nulidad, de las denominadas vacaciones fiscales vascas y navarras, por medio de las cuales, las empresas de la Unión Europea, que invertían en territorio vasco y navarro, obtenían una serie de ventajas fiscales respecto a comunidades limítrofes como La Rioja, Castilla-León y Cantabria, lo cual ocasionó una migración de empresas y de inversiones durante la segunda mitad de la década de los noventa, hacia territorio vasco y navarro, en detrimento de los polígonos industriales de Logroño, Cantabria, Burgos y Miranda de Ebro (Mayo2002).
La normativa declarada nula, se contenía en una disposición adicional a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 1995, que aceptaba la normativa establecida por las haciendas forales vasca y navarra en 1993, que extendía los privilegios fiscales vascos y navarros no sólo a las empresas residentes en estos territorios, sino a toda inversión en Navarra y País Vasco por parte de empresas comunitarias. Esta circunstancia, provocó un denominado efecto frontera negativo en las empresas radicadas en Burgos, La Rioja y Cantabria, así como en las inversiones previstas en estos territorios, que en numerosos casos se desviaron hacía polígonos industriales del País Vasco y Navarra. El carácter discriminador de esta medida fue recurrido por el Gobierno Autonómico de La Rioja en 1995, ya que violaba los principios básicos de igualdad, seguridad jurídica y libre circulación de bienes y servicios, sobre los que se asienta la Unión Europea.
Desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC) se considera satisfactoria para Burgos y Castilla esta resolución, aunque aún manifiestamente insuficiente, puesto que la mayor parte de los privilegios fiscales inherentes al regímen diferencial vasco, continúan vigentes, creando dificultades reales a los polígonos industriales ubicados en la provincia de Burgos fundamentalmente en Las Merindades, Miranda de Ebro y Briviesca- para competir en condiciones de igualdad por la captación de empresas e inversiones, respecto a las ventajosas condiciones de los polígonos empresariales alaveses, debido a la incapacidad del gobierno castellano-leonés para asumir competencias en materia de incentivos fiscales empresariales y en el ámbito tributario. TIERRA COMUNERA (TC-PNC) exige además compensaciones a Burgos y Castilla-León por parte del Estado por inversiones perdidas y la delocalización de empresas producida durante los años que estuvieron vigentes las denominadas vacaciones fiscales vascas, y critica al PP y PSOE de Castilla-León, que siempre se opusieron a recurrir esta medida, ahora declarada inconstitucional (Mayo2002).
