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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) presenta 12 enmiendas a los PGE’17 para inversiones en carreteras y autovías burgalesas por 195 millones de euros.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), ha presentado sus propuestas a los Presupuestos Generales del Estado para la Provincia de Burgos, que suman 25 enmiendas y cuyo importe supone un incremento de 300 millones respecto a las previsiones del documento pactado por el PP y Ciudadanos para Burgosen 2017, dentro de las cuales destacan aquellas que se centran en exigir compromisos concretos en materia de infraestructuras viarias (autovías y carreteras), un total de 12 que totalizan 195 millones de euros.Estas enmiendas, que evidencian un fortísimo compromiso de la formación castellanista con los problemas de Burgos y de su provincia, y que serán discutidas y votadas en el Pleno del Parlamento sobre los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno Rajoy para 2017, han sido presentadas por el PCAS, a través delos parlamentarios de la formación Compromís, con quienes los castellanistas, junto con ChuntaAragonesista, comparten la Coalición PRIMAVERA EUROPEA.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) pide el cierre definitivo de Garoña y que se garanticen inversiones económicas en la comarca.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) muestra su rotundo rechazo ante la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), algo que podría ser posible porque próximamente el Consejo de Seguridad Nuclear puede dar el visto bueno a la continuidad de la actividad.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) exige a las autoridades nacionales, provinciales y autonómicas más inversiones para los habitantes de los pueblos.

La Asamblea de Alcaldes y Concejales del Partido Castellano (PCAS) en la provincia de Segovia  reunidos en Puebla de Pedraza quiere manifestar su preocupación por la vida diaria de los habitantes de los pueblos de la provincia. La Asamblea manifiesta que los pueblos de la provincia son claramente discriminados en los presupuestos y las decisiones que tanto el Gobierno de España, como la Junta de Castilla y León y las autoridades provinciales siguen manteniendo 40 años después de que la Constitución de 1978 instaurara la  Democracia como forma de convivencia entre los españoles.