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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama a la Junta Electoral Central que exija a “Ciudadanos” que sus candidatos conozcan su propuesta de eliminar los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. (Abril 2015).

Los representantes del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) han propuesto ante la Junta Electoral Central, que los candidatos y candidatas de “Ciudadanos”, además de firmar la legalmente preceptiva “Aceptación Expresa” a formar parte de la correspondiente candidatura electoral,ratifiquen documentalmente de manera expresa su conocimiento de esta propuesta de su partido referente a la “Supresión o Eliminación de Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes”.

 

Los castellanistas recuerdan que, de materializarse esta propuesta, se reducirían los 8.112 municipios españoles actuales a aproximadamente 900. Esto por ejemplo supondría que los 371 municipios de la provincia de Burgos pasarían a cinco ¡aproximadamente el 2% de los actuales!, y los 2.248 municipios de la Comunidad de Castilla y León, se verían reducidos a unos 50 (poco más del 3% del total) en una medida que fundamentalmente agrede al territorio castellano y que demuestra el profundo desconocimiento de la realidad rural y local que caracteriza a estas formaciones políticas centralistas urbanitas. Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), este tipo de medidas supondrá un impulso a los procesos despobladores en el medio rural y de éxodo de sus gentes a las ciudades, con el consiguiente deterioro del patrimonio cultural, monumental, natural, ambiental y de las infraestructuras de los pueblos.

 

La formación castellanista recuerda además que la desaparición forzosa de los Ayuntamientos rurales, las instituciones más democráticas y antiguas que existen en nuestro país, supone una vulneración de la autonomía local, la expropiación de sus vastos patrimonios públicos y comunales, la enajenación a sus vecinos del derecho fundamental de decidir colectivamente como gestionar su vida municipal. Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se entiende, y así se ha trasladado a la Junta Electoral Central, que la eliminación o supresión forzosa de los Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, puede constituir una medida claramente ilegal, pudiendo asumir de manera presunta sus impulsores y ejecutores, actuaciones tipificadas en el derecho penal. Por ello, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) estudiará la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes promuevan o ejecuten la eliminación o supresión forzosa de los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, causa para la cual es crucial discernir si quienes concurren a las Elecciones Locales de Mayo de 2015 y obtengan representación institucional conocían con anterioridad a la asunción de su cargo público dicha medida.

 

Las razones que esgrime Albert Rivera para justificar esta propuesta, como "garantizar la viabilidad de los ayuntamientos", "mejorar la prestación de los servicios públicos", o "ahorrar costes", son una mera patraña para los castellanistas, ya que el número de ayuntamientos no garantiza, ni racionalidad ni calidad de vida, puesto que Francia, con 36.000 ayuntamientos (España tiene 8.000) es el paradigma de la conservación del medio rural y de la calidad de vida en los pequeños pueblos.

Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), es urgente que el Medio Rural castellano, que lleva décadas soportando marginación, discriminación y empobrecimiento, practique un BOICOT ACTIVO, que impida que partidos anti-municipios y mata-pueblos engañen a los vecinos de municipios y pedanías, para conseguir votos que finalmente se utilizarán para suprimir sus ayuntamientos y su autonomía y democracia local.

Es urgente hacer una apuesta decidida por el Medio Rural Castellano, por la vida en sus pueblos, por defender sus instituciones democráticas: ayuntamientos y juntas vecinales, por la mancomunación de municipios como ámbito colaborativo para la prestación de servicios que exceden el límite municipal, por la recuperación de la gestión de las propiedades públicas y comunales, y por la adopción de medidas claras de "discriminación positiva" hacia quienes han hecho la opción de vivir en el campo, con rebajas impositivas a la inversión en actividades económicas, con prestación de servicios de igual calidad al medio urbano, con cesiones de viviendas y opciones laborales a quienes se trasladen al campo.

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