LAS DEUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRANGULAN A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS.
El Partido Castellano de Madrid (PCASm) pide el cumplimiento por parte de las distintas Administraciones de la Ley de Contratos del Estado que fija un máximo de 60 días para pagar. Sobrepasar el límite de los 60 días obliga a cualquier administración a pagar intereses de demora. Todo lo que exceda de este plazo es morosidad, y conlleva unos intereses de demora, del 9,5% en la actualidad, que no suelen ser reclamados por los empresarios por el bien de las relaciones entre ambas artes, lo contrario puede significar quedarse sin adjudicaciones en el futuro.
Así mismo, solicitamos al Gobierno central la toma de una serie de medidas urgentes: como la reforma de la Ley contra la Morosidad de 2.004, haciendo que el límite de pago de 60 días, que es obligatorio para las Administraciones, pero no para entes privados, sea norma general. El retraso del pago del IVA en las facturas que no se hayan cobrado, o que sea el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el que adelante los pagos que deben las distintas administraciones.
El problema de la morosidad y la financiación vienen de tiempos pasados, pero la crisis ha puesto al borde de la quiebra a muchas empresas medianas y pequeñas (PIMES), por eso desde el Partido Castellano de Madrid trasladamos nuestra preocupación y la de los empresarios madrileños y castellanos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y le conminamos ha no esperar a la reforma que se prepara en Bruselas.
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