Burgos. 23 de octubre de 2024. El PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) denuncia la falta de una política de vivienda eficaz en Burgos, al menos durante los últimos 20 años, señalando tanto a los gobiernos municipales del PSOE como del PP.
El PCAS-TC propone un «Plan de alquiler» con el que el Ayuntamiento garantice a los propietarios de los miles de pisos deshabitados de la ciudad la seguridad en el alquiler de sus viviendas vacías, mediante avales públicos que cubran posibles daños o impagos, contribuyendo así a que las aproximadamente 20.000 viviendas vacías de la capital entren en el mercado de alquiler asequible.
El Partido concluye que Burgos necesita a sus jóvenes para asegurar la innovación y el futuro de la ciudad, y que son necesarias políticas concretas que eviten la emigración juvenil.
Según el PCAS-TC, la ciudad cuenta con un parque de vivienda pública municipal de apenas unas decenas de pisos, destinados a casos de realojo o alquiler social urgente, cuya demanda supera diez veces las plazas disponibles.
La formación castellanista critica que las políticas de vivienda en la ciudad han estado siempre subordinadas a los intereses especulativos y al control del suelo urbanizable por parte de ciertos sectores, a menudo beneficiados por información privilegiada relacionada con los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Según el PCAS-TC, en Burgos no se cumple el artículo 47 de la Constitución Española, que establece el derecho a una vivienda digna y la obligación de los poderes públicos de regular el suelo para evitar la especulación.
Aunque, en el pasado mandato se aprobó el Plan Municipal de Vivienda 2023-2029, el PCAS-TC señala que esta medida es insuficiente y tardía, aprobada en su momento a unas semanas de las elecciones municipales de mayo de 2023. Asimismo, subraya que ninguna de las áreas temáticas del organigrama municipal aborda específicamente la política de vivienda.
Desde el Partido se propone una política de vivienda que incluya la promoción de vivienda de protección pública, la creación de un parque municipal de viviendas, y el fomento de la conservación, rehabilitación y mejora energética de los inmuebles. También consideran prioritario facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes menores de 35 años, atender las necesidades habitacionales de personas mayores de 65 años y dar soluciones a los colectivos vulnerables.
El PCAS-TC destaca que lo más urgente es, «poner en el mercado un volumen significativo de vivienda en régimen de alquiler social».
Los castellanistas estiman que sería necesario incorporar al mercado de alquiler urgentemente unas 2.000 viviendas con precios que oscilen entre los 300 y 500 euros al mes, para inmuebles de entre 70 y 90 m², dirigidas a población mayor con bajos recursos, colectivos vulnerables y jóvenes entre 18 y 35 años. El objetivo es facilitar la emancipación de los jóvenes, afectados por la precariedad laboral, y evitar la pérdida de talento que genera el éxodo juvenil. Según los datos del PCAS-TC, en Burgos hay 15.000 jóvenes de entre 18 y 35 años, un colectivo que abandona la ciudad en busca de mejores oportunidades, lo que contribuye al envejecimiento de la población.
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