Admitida la queja sobre la incineradora de Cortes por el Procurador del Común

El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja, presentada por
el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) hace escasas fechas,
sobre la incineradora de Cortes. Como resultado, la Institución con sede
en León, pondrá en marcha las investigaciones oportunas ante los
organismos administrativos competentes.

La Agrupación Provincial en Burgos del PARTIDO CASTELLANO-TIERRA
COMUNERA (PCAS-TC) interpuso a finales de febrero una denuncia ante el
Procurador del Común en relación con la próxima construcción de una
Planta Incineradora de Residuos Urbanos en la ciudad de Burgos. Esta
iniciativa, promovida por el equipo de gobierno del PP en el
Ayuntamiento, incumple, a juicio de la formación castellanista y otras
organizaciones, diversas normativas de la legislación española y europea
en materia de gestión de residuos domésticos y economía circular.

Los castellanistas burgaleses alertan sobre la falta de transparencia y
de información técnica precisa para los vecinos, así como sobre los
posibles impactos negativos en la salud pública que podría conllevar la
implantación de esta infraestructura industrial. Asimismo, critican la
gestión municipal de los residuos urbanos, señalando que el Ayuntamiento
no ha implementado estrategias adecuadas para la reducción,
reutilización y reciclaje de desechos, contraviniendo los principios de
la Transición Verde Europea.

La ubicación de la incineradora también es motivo de preocupación, ya
que no respeta la distancia mínima de seguridad ambiental de 2.000
metros exigida para instalaciones potencialmente peligrosas, lo que
afectará directamente a la zona sur de Burgos, el barrio de Cortes, las
localidades de Cardeñadijo y Cardeñajimeno, así como al Polígono
Industrial del Monte de la Abadesa.

Para el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), la incineración no
es una solución viable ni sostenible, ya que implica un alto coste
económico (más de 50 millones de euros), afecta negativamente al medio
ambiente al no fomentar la economía circular y supone un riesgo para la
salud debido a la emisión de sustancias tóxicas como monóxido de
carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, metales pesados (mercurio y
cadmio) y compuestos peligrosos como dioxinas y furanos.

Según denuncia el PCAS-TC, cada año se generan en la ciudad de Burgos
unas 75.000 toneladas de residuos urbanos, de las cuales cerca de 50.000
toneladas terminan en el vertedero de Abajas, lo que supone un
incumplimiento de la normativa española y europea y conlleva sanciones
económicas. Además, la planta de biogás se encuentra paralizada a pesar
de la inversión millonaria realizada, y el «compost» producido en el
ecoparque de Cortes no cumple los requisitos de calidad necesarios para
su aprovechamiento.