El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) presenta 12 enmiendas a los PGE’17 para inversiones en carreteras y autovías burgalesas por 195 millones de euros

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), ha presentado sus propuestas a los Presupuestos Generales del Estado para la Provincia de Burgos, que suman 25 enmiendas y cuyo importe supone un incremento de 300 millones respecto a las previsiones del documento pactado por el PP y Ciudadanos para Burgosen 2017, dentro de las cuales destacan aquellas que se centran en exigir compromisos concretos en materia de infraestructuras viarias (autovías y carreteras), un total de 12 que totalizan 195 millones de euros.Estas enmiendas, que evidencian un fortísimo compromiso de la formación castellanista con los problemas de Burgos y de su provincia, y que serán discutidas y votadas en el Pleno del Parlamento sobre los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno Rajoy para 2017, han sido presentadas por el PCAS, a través delos parlamentarios de la formación Compromís, con quienes los castellanistas, junto con ChuntaAragonesista, comparten la Coalición PRIMAVERA EUROPEA.

El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) entiende que los contenidos de los PGE’2017 para Burgos y su provincia, son una auténtica estafa, ya que nuevamente olvidan infraestructuras y actuaciones que proyectadas hace veinte años debían estar finalizadas, que fueron olvidadas en los años de bonanza económica, y que ahora en tiempos de crisis económica son nuevamente sacrificadas. El PP intenta engañar nuevamente a los burgaleses con unas cuentas ficticias para 2017, que lo fían todo a los millones de euros destinados al AVE en la provincia, y que lo más probable, como ocurre con numerosas partidas todos los años, no se ejecutarán.

El mayor número de enmiendas y también el mayor importe económico de la mejora de las cuentas estatales para Burgos, lo centra el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) en las infraestructuras de autovías y carreteras, desglosándose sus propuestas de esta manera:

• Los castellanistas han apostado fuertemente en la Ribera del Duero por el tramo oeste de la A-11 (Aranda-Valladolid), el más abandonado por el Ministerio de Fomento en estos presupuestos, a pesar de ser el que más tráfico alberga y el que más accidentes genera, destinándoles un total de 85 millones de euros.Con estas inversiones en 2017 y otras equivalentes en 2018, los castellanistas estiman que podría ser una realidad a principios de 2019, transitar completamente por la Autovía del Duero, el itinerario Aranda de Duero-Valladolid, justo 22 largos años después de que se iniciaran los trámites de la A-11.
• Respecto a las Comunicaciones Burgos-Logroño, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) plantea un fuerte impulso de la A-12, destinándola 60 millones de euros, repartidos a partes iguales en sus tres tramos burgaleses (Villamayor del Río-Villafranca Montes de Oca, Villafranca Montes de Oca-Ibeas de Juarros, e Ibeas de Juarros-Burgos). El gobierno ha presupuestado cifras ridículas para cada uno de los tres tramos.
• También apuestan los castellanistas en sus enmiendas por la Autovía Burgos-Aguilar de Campoo, destinando a los cuatro tramos en suelo burgalés, un total de 40 millones de euros, desde Quintanaortuño hasta Báscones de Valdivia), más otros 10 millones al tramo palentino final, Báscones de Valdivia-Aguilar de Campoo.
• El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) presenta una enmienda para dotar con 10 millones de euros las intervenciones de mejora necesarias en la N-232, Burgos-Santander, a su paso por el Valle de Valdivielso y especialmente en el tramo Valdenoceda-Incinillas, cuya mejora lleva 20 años pendiente, a pesar de la peligrosidad de este tramo.

Los castellanistas, que han presentado casi un centenar de enmiendas a los PGE’17 han destacado su actuación por la responsabilidad, al no haber incrementado el gasto público en un solo euro, financiándose sus enmiendas en base a recortar partidas de gastos suntuarios, propaganda, actuaciones innecesarias y prescindibles, fondos de contingencia e imprevistos, y partidas para actividades no clasificadas que habitualmente esconden enormes fondos para uso discrecional y arbitrario de los diferentes ministerios, o recursos que finalmente no se ejecutan.