En Mayo de 2015 la formación castellanista preguntó por primera vez a Juan Vicente Herrera por la relación empresarial que mantuvo, en Panamá, su hermano, Francisco Javier Herrera Campo, con Jesús Arranz Monje, miembro del conglomerado empresarial Arranz Acinas, grupo empresarial que participa en la sociedad gestora del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Once meses después no se había obtenido respuesta.
En Abril de 2016 dada la alarma social que generó en la ciudadanía los “Papeles de Panamá” y “las sociedades offshore”, la formación castellanista creyó oportuno volver a solicitar información, al Presidente Autonómico, sobre la oficina de la que dispuso la Junta de Castilla y León en el país centroamericano. En esta segunda ocasión, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), sí recibió respuesta, en concreto un mes después la Junta, mediante el Director General de ADE (Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial), en ella se dice textualmente, “Hasta la fecha, la Junta no ha tenido oficina en la República de Panamá…”.
Ante esta escandalosa situación, que la formación castellanista califica “como de estafa a la ciudadanía de Castilla y León”, los comuneros solicitan la inmediata dimisión de Juan Vicente Herrera.
Los castellanistas muestran su satisfacción por la confirmación de los hechos denunciados ante la opinión pública, hace ahora dos años. Ante esta nueva situación, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), ha presentado en el Registro del ente autonómico en Burgos, una nueva batería de preguntas, ante la Presidencia de la Junta, para intentar esclarecer las funciones de dicha oficina.
- ¿Qué oscuras razones ha llevado a ocultar la existencia de esta sede de la Junta en Panamá cuando el país, todavía, era considerado paraíso fiscal?
- ¿Qué motivos se esgrimen para ocultar y destruir toda la información relativa a la misma?
- ¿Se utilizó la oficina para lograr financiación ilegal para el Partido Popular?
- ¿Qué periodo permaneció abierta la Oficina de la Junta de Castilla y León en Panamá?
- ¿Qué personal la atendía y cómo accedió al puesto?
- ¿Qué coste supuso anualmente para el erario de Castilla y León?
- ¿Qué inmuebles ocupó? ¿A quién se alquilaba los mismos?
- ¿Compartió oficina la Junta con Arranz-Acinas Panamá? ¿En qué condiciones?
- ¿Qué datos justifica tener una “Embajada” en Panamá?
- ¿Qué resultados económico-empresariales dio la misma para Castilla y León?
- ¿Cuántas inversiones llegaron a Castilla y León desde Panamá y viceversa, en el periodo de apertura de la misma?
Después de lo que el PCAS considera, “un escándalo de primera magnitud”, la formación castellanista sigue mostrando su preocupación, aun más, por la finalidad y resultados de las otras 18 “embajadas” que Castilla y León tiene repartidas por 4 de los 5 continentes “en aras de la transparencia, y ante el entramado de “oficinas que Castilla y León tiene por medio mundo, y cuya gestión es opaca, la formación castellanista espera que los datos de todas ellas se hagan públicos (costes, personal contratado, proceso de selección de los empleados, resultados, etc.)
