La Agrupación Provincial en Burgos del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama la creación en Burgos de un Fondo Social de Viviendas en alquiler, bajo gestión municipal, que sirva para resolver el drama de las numerosas familias burgalesas que por efecto de la crisis económica y de los desahucios inmobiliarios temen quedarse sin hogar. Los castellanistas recuerdan que el Ministerio de Economía ha publicado recientemente el listado de casi seis mil inmuebles cedidos por las entidades de crédito que componen el Fondo Social de Vivienda Estatal a las que se han sumado las proporcionadas por 225 ayuntamientos españoles. EL PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama al Ayuntamiento de Burgos que lidere una política de vivienda social en alquiler, con las viviendas del Fondo Social Estatal, las cedidas por las entidades de crédito y las que genere con su propio patrimonio, para ayudar a las cientos de familias vulnerables en materia de vivienda existentes en Burgos.
Los castellanistas burgaleses recuerdan que en la provincia de Burgos existen, según datos de Cáritas Diocesana 580 personas sin hogar, y que hay unas 400 familias amenazadas de desahucio de sus viviendas por impago de las cuotas hipotecarias correspondientes, al tiempo que hay otras 600 familias amenazadas de ser desalojadas de las viviendas que ocupan por la imposibilidad de pagar los alquileres y rentas que deben. Estos hechos suponen un drama de primera magnitud, causado por el desempleo, que afecta a casi 35.000 burgaleses según los datos de la EPA, y por la profunda crisis económica.
Al mismo tiempo a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), se da la circunstancia de que, según datos del Ministerio de Fomento, existen 31.200 viviendas vacías en la provincia de Burgos, y que los Bancos y Cajas de Ahorros, que tienen ya en el conjunto de España entre 200.000 y 300.000 viviendas, y que han necesitado más de 60.000 millones de euros de dinero público, pasa su saneamiento. Cuentan en la provincia de Burgos con un parque cercano a las 2000 viviendas, una parte importante de las cuales pasarán al SAREB o «Banco Malo».
Los castellanistas burgaleses reclaman que las administraciones públicas adopten medidas que contribuyan a paliar este grave drama de familias sin ingresos que además pueden verse literalmente en la calle. Las medidas del gobierno de Rajoy sobre los desahucios constituyen un parche parcial que no resolverá el problema, ya que las pocas familias beneficiadas solo posponen por dos años el desahucio, y no reducen nada su deuda con las entidades de crédito.
Así, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) propone que el Banco Malo y las Entidades de Crédito poseedoras de viviendas en Burgos, así como el propio Ayuntamiento y aquellos propietarios que voluntariamente quieran aportar viviendas vacías de su propiedad, cedan temporalmente al Ayuntamiento de Burgos un total de 500 viviendas, con las que el consistorio burgalés formaría un Fondo Social de Viviendas que el Ayuntamiento ofertaría, a cambio de un alquiler social, comprendido entre los 150 y los 400 € según los casos, a personas sin techo, a familias víctimas de desahucios hipotecarios, o de expulsiones de pisos en alquiler y familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los castellanistas creen que estas medidas sociales no supondrían un coste significativo para el Consistorio de Burgos, ni tampoco para las entidades que cedieran temporalmente pisos y viviendas inmovilizados que hoy por hoy son imposibles de vender, y que a cambio obtendrían una renta, reducida pero estable. Y sobre todo se ayudaría a resolver uno de los mayores problemas sociales de la ciudad, al tiempo que el Ayuntamiento de Burgos lideraría una iniciativa clave para evidenciar su compromiso con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
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