La Agrupación en Burgos de la formación castellanista PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) ha analizado en Rueda de Prensa el futuro de las Diputaciones Provinciales, exponiendo su alternativa para estas instituciones provinciales y para la dinamización del medio rural en el territorio castellano. Por ello desde el PCAL-Burgos se apuesta que el mejor modo de luchar contra la despoblación y el envejecimiento en el medio rural es la reactivación económica que debería aplicarse desde las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en cada provincia y desde las mancomunidades de Municipios en cada Comarca. Los castellanistas apuestan por la provincia pero no por las diputaciones provinciales.
Los castellanistas son muy críticos con el papel que tradicionalmente han jugado las Diputaciones Provinciales, y que han sido incapaces de superar tras 35 años de democracia. Así, desde el PCAL-Burgos se estima que son instituciones anticuadas y decimonónicas, ineficientes en la ejecución de sus gastos y proyectos, que evidencian profundos déficits democráticos en su funcionamiento, que practican un caciquismo de nuevo cuño y que solo sirven para controlar y mediatizar de manera clientelar la política municipal de las pequeñas localidades, con decisiones carentes de criterios racionales y de planificación, algo en lo que son cómplices tanto el PP como el PSOE porque les interesa este foro de control, y de colocación de cargos políticos (diputados provinciales), personal de libre designación, etc…
Ahora que se plantea el relevo en el PP de su candidato a presidir la Diputación Provincial tras veinte años de mandato de Vicente Orden Vigara, sin entrar en valoraciones personales, los castellanistas califican este periodo como nefasto para la provincia de Burgos, no solo por la gestión del equipo de gobierno en la institución provincial, sino también por el pésimo papel jugado por el principal grupo de la oposición: el PSOE. Así, desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) se hacen las siguientes consideraciones:
La Diputación de Burgos gestiona un presupuesto (este año 2011, de 102 millones de euros), del que sólo una ínfima parte llega a los municipios de menos de 20.000 habitantes cuya custodia es su principal cometido; así este año la partida de inversiones presupuestada es menor del 15% del total presupuestario.
La Diputación Provincial carece de Competencias propias con carácter de exclusividad, compartiendo competencias con ayuntamientos y abordando de forma intrusiva las competencias de otras administraciones (hospitales, presas,…).
El PP y el PSOE a través de la diputación Provincial ejercen un Control Político sobre el Medio Rural, evitando procesos transparentes en los repartos de fondos y haciendo que los concejales de Burgos, Aranda y Miranda controlen una institución que debe velar por las localidades inferiores a 20.000 habitantes.
Las propuestas de Parques Temáticos para dinamizar la provincia fueron un absoluto y estrepitoso fracaso (Arlanzón, Iberecuestre, Caza, Termal y Piscicultura,…).
El Plan Estratégico Provincial elaborado en 2000 por 600.000 e no se ha aplicado.
Se ha generado una profunda desmotivación profesional entre el personal de la Diputación Provincial.
Se ha fracasado en el objetivo de Salvar a la Provincia de Burgos.
En veinte años (1991-2011), mientras la provincia de Burgos en su conjunto ha incrementado su población en 17.000 habitantes, los municipios de menos de 20.000 habitantes han perdido 10.000 residentes a pesar de la fuerte inmigración que ha experimentado nuestro país, pasando de 130.000 a 120.000 habitantes «nominales». La Despoblación galopa por el medio rural burgalés (comarcas con menos de 5 habitantes/kilómetro cuadrado), ya que en 1900 en la provincia de Burgos (salvo Aranda, Miranda y Burgos) residían 331.000 personas.
El Envejecimiento también ha avanzado de forma galopante en todas las comarcas burgalesas.
Los castellanistas consideran que las Diputaciones Provinciales son incapaces de adaptarse al nuevo marco político de la democracia y al nuevo escenario económico que plantea la crisis financiera, por lo que defienden un modelo que avance paulatinamente hacia la desaparición de las Diputaciones Provinciales, evitando las duplicidades y solapamientos administrativos actualmente existentes, cediendo éstas sus competencias, instalaciones, personal y presupuestos, tanto hacía arriba (las Delegaciones Territoriales en cada provincia, como sobre todo hacia abajo: a los ayuntamientos y las mancomunidades en cada comarca), con lo cual las políticas en el territorio estrictamente rural ganaría en cercanía, en eficiencia y en control democrático.
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