Los considera los máximos responsables de la caducidad de expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad y entiende que «no son dignos» del puesto que ocupan.
El PCAL ha pedido la dimisión del alcalde de Aranda, Luis Briones, y del concejal de Urbanismo, Eusebio Martín, a raíz de que algunos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad instruidos por infracciones urbanísticas hayan caducado o prescrito. En opinión del edil castellanista Sebastián de la Serna ««no son dignos» del puesto que ocupan porque «los concejales estamos para trabajar y vigilar por el bien general, pero hay ejemplos que hacen dudar de este principio».
El concejal considera que en el Ayuntamiento « falta autoridad o les resulta más cómodo ‘pasar’ y los expedientes se dejan morir», achacándolo a la «incapacidad» del equipo de gobierno al no resolver «situaciones fácilmente subsanables que llevamos muchos meses denunciando».
El castellanista dice sentirse «abochornado» porque si a alguien se le sanciona a regularizar cualquier asunto y no lo hace, el tiempo juega a su favor; «no se hace y no pasa nada». El PCAL asegura que hay un importante número de expedientes en esta situación pero esgrime fundamentalmente dos que se vieron la semana pasada en la Comisión de Obras para pedir la cabeza de los dos corporativos socialistas.
Respecto al del edificio Mercadona, donde la promotora se excedió en más de 61,15 m2 al desarrollar un proyecto diferente al aprobado, recuerda que si bien el 18 de octubre de 2007 la Junta de Gobierno Local acordó abrir expediente de restauración de la legalidad y sancionador, el primero ha caducado, aunque aún es posible su reinicio, y el otro, «¡ ni siquiera se ha iniciado!».
Los castellanistas recriminan que Eusebio Martín manifestara el pasado mes de enero «¿cómo vamos a sancionar lo que al final hemos dado por bueno?», ya que denuncian que dieron las licencias de primera ocupación en Junta de Gobierno «por las buenas». En este sentido expresa sus dudas respecto a que se inicie ahora el expediente sancionador.
Respecto a la construcción de una planta por encima de lo permitido en la calle Torremilanos 7, esgrime que si bien en el pasado mandando se inició expediente sancionador, con una cuantía de 154.000 euros, «por ‘misterios’ de la Administración» hasta en dos ocasiones se pasó un día en el plazo de comunicación y caducó la sanción, a la par que ha prescrito la infracción urbanística. «Lo que quiere decir que el construir una planta de más ha salido gratis, porque alguien del Ayuntamiento así lo ha querido», señala.
De la Serna indica que mientras su partido ha pedido reiteradamente desde hace meses que se abriera un expediente informativo para saber «quién y por qué guardo el expediente en un cajón», ahora viene diciendo el concejal de Urbanismo «que para pedir responsabilidades hay que tener indicios». En su opinión es una vergüenza que hayan dejado morir es expediente y considera que en esta actuación podría haber indicios de «amiguismo, incompetencia o corrupción».
(Fuente: J.C.O. /Diario de Burgos)
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